Así lo precisaron a Servimedia fuentes de dicha federación que, en primer lugar, abogaron por la aprobación de la Ley de Consumo Sostenible para “limitar” las prácticas de lavado verde por parte de “muchas” empresas, “fomentar” la reparación de bienes y productos y “limitar” la publicidad de combustibles fósiles.

Junto a ello, demandaron la prohibición del marketing de influencers en sectores de “especial riesgo” como la moda rápida y los alimentos insanos “actualizando” su regulación en la Ley de Equidad Digital que se está tramitando a nivel europeo y apostaron por la prohibición de publicidad que “incite” al consumo de moda rápida y ultra-rápida en espacios públicos y redes sociales.

En paralelo, pidieron adoptar medidas legislativas para “frenar” el crecimiento “insostenible e innecesario” de la moda rápida y la aplicación de tipo reducido de IVA de un 4% a los productos textiles y el calzado reutilizados, reparados o reacondicionados.

DERECHOS FINANCIEROS

Por lo que respecta a los derechos financieros, insistieron en la aprobación de la ley de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero, para “equilibrar la situación de absoluta desigualdad” a la que, a su juicio, “se enfrentan los clientes de entidades bancarias” y solicitaron una “mayor vigilancia” del mercado con relación a las prácticas “abusivas” de los bancos y que se les sancione “de forma disuasoria” ante el “incumplimiento constante” de la normativa y por su “falta de transparencia, prácticas abusivas y el incumplimiento reiterado de sentencias firmes”.

A su vez, la federación quiere garantizar el acceso a una cuenta de pago básica “a cualquier ciudadana”, así como una “atención real” en las sucursales, “especialmente frente a personas vulnerables” y facilitar el acceso al efectivo. Además, apuesta por una banca pública postal, “social, democrática, participativa, inclusiva, que llegue a la mayoría de los municipios de España” y garantice el acceso al efectivo, la atención personalizada y las operaciones básicas “a cualquier persona”.

ALIMENTACIÓN Y AGUA

En alimentación, propone un Plan Nacional de Transición Proteica para la promoción de la dieta mediterránea y un mayor consumo de productos vegetales, dando “prioridad” al impulso de la producción y consumo local de legumbres, promoción del consumo de alimentos frescos, de temporada y proximidad en las políticas de compra pública, además de cooperación y coordinación “estable” entre todos los actores de la cadena alimentaria.

En materia de agua, emplaza a “frenar” la privatización de los baños públicos de las estaciones de ADIF y a la creación de una normativa estatal que regule la presencia de un número “suficiente” de baños y fuentes públicas en las calles.

VIVIENDA

En el área de vivienda, llama a la “transformación” de la moratoria de desahucios en “medidas estructurales permanentes, ampliando los casos que se pueden acoger a la moratoria”, como los contratos de arrendamiento de renta antigua e insta a la inclusión de los arrendamientos de habitaciones y de viviendas de temporada en la Ley de Arrendamientos Urbanos. Además, reclama un plan integral para abordar la acción de las inmobiliarias como intermediarias en el mercado del alquiler y la “vigilancia” de estas para actuar frente a la “vulneración de los derechos de las personas inquilinas y la discriminación hacia la población migrante”.

ENERGÍA

En el ámbito de la energía, emplaza a la actualización de la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética y que se incluya el principio de precaución de la ley catalana para evitar cortes de suministro por impago a vulnerables y la concesión automática del bono social como en Portugal.

Por otra parte, también pide mantener la tarifa PVPC del mercado regulado frente a los “intentos” de la Comisión Europea de “poner fin a esta práctica de protección de las personas consumidoras” y que el nuevo Real Decreto de autoconsumo facilite y desarrolle legislativamente las comunidades energéticas y el autoconsumo colectivo.

Por último, urge a establecer una “hoja de ruta” que “identifique de manera clara y específica” el proceso de descarbonización en el sector residencial, especialmente en relación a la continuidad del suministro de gas doméstico, para que las personas consumidoras “puedan tomar las decisiones más adecuadas”.

TRANSPORTE

En cuanto al transporte, exige una “apuesta decidida” por la inversión en trenes de larga, media distancia y cercanías, como “eje vertebrador” de la movilidad en España y “acompañado” de una intermodalidad “real efectiva” entre todos los medios de transporte públicos y llama a “priorizar” el transporte público y la movilidad activa en las políticas de movilidad frente al vehículo privado y a volver a instaurar el tren nocturno y mejorar la interconexión con Europa en tren.

ÁMBITO DIGITAL

En relación al sector digital, pretende “frenar” las iniciativas de desregulación a nivel europeo y garantizar la “soberanía sobre nuestros datos personales” así como prohibir los patrones oscuros y de diseño adictivo y restringir o limitar precios dinámicos, personalizados y por goteo y las falsas comparaciones de precios, así como los anuncios personalizados.

Además, persigue que se supervise la aplicación “real y efectiva” de la Ley de Servicios Digitales, la ley de Mercados Digitales y el Reglamento de IA para que se garanticen los derechos de las personas usuarias y se controle la responsabilidad sobre las grandes plataformas de venta online, asegurando además la imposición de derechos de aduana fijos sobre paquetes pequeños.

SEGURIDAD

En referencia a la seguridad, reclama la “consolidación” de las negociaciones sobre la Reforma Aduanera de la UE que permitan “reforzar” los controles en las fronteras y evitar la entrada de productos “no seguros o nocivos”, así como mejorar la digitalización de las aduanas o la fiscalización del carbono e "intensificar” las acciones de detección, retirada y alerta de productos peligrosos ofrecidos en los mercados en línea.

Por último, exhorta a aprobar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el etiquetado accesible de productos de consumo para mayor protección de la seguridad, integridad y calidad de vida de las personas con discapacidad, en especial de las personas con discapacidad visual.