Según explicó Cemudis en un comunicado, esta medida responde a una reivindicación histórica: las barreras comunicativas impiden a muchas mujeres y niñas con discapacidad expresar la violencia que sufren, ser creídas y acceder al sistema de protección en igualdad de condiciones.

No obstante, Cemudis advirtió de que la accesibilidad en la comunicación, aunque es “esencial, no es suficiente por sí sola”. Las mujeres y niñas con discapacidad continúan enfrentándose a una mayor vulnerabilidad por factores estructurales como la dependencia, la falta de credibilidad, la invisibilización y las dificultades de acceso a recursos.

Así, la entidad recordó que, según el estudio ‘Ojo al dato. Visibilidad de una realidad oculta: mujer, discapacidad y violencia’ de Fundación ONCE e Inserta Empleo, el 34,5% de las mujeres con discapacidad que viven estas situaciones no llega a denunciar la violencia y un 4,3 % retira la denuncia, en un contexto marcado por el “miedo” y la falta de “reconocimiento institucional”.

Por ello, la organización reclamó que estos avances se integren en un enfoque integral de atención a mujeres que incorpore de forma efectiva las perspectivas de género, discapacidad e interseccionalidad en todos los niveles de intervención.

La entidad también subrayó la necesidad de reforzar la formación especializada y continua de todos los profesionales implicados en la atención a mujeres víctimas de violencias, incluidos los cuerpos de seguridad, así como mejorar la coordinación entre los ámbitos policial, sanitario y social.

Finalmente, Cemudis destacó el papel clave del sistema sanitario en la detección temprana de la violencia y reiteró su compromiso con la construcción de un modelo de atención accesible, coordinado y centrado en las mujeres y niñas con discapacidad, que garantice acompañamiento, continuidad y el ejercicio pleno de sus derechos.