Según explicó Cemudis, esta justicia “excluye la realidad de la discapacidad y minimiza el impacto de la violencia” y es “inaceptable y representa un retroceso” para la protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad.

La violencia de género tiene una mayor prevalencia entre las mujeres con discapacidad, de acuerdo con el estudio 'Ojo al dato', elaborado por Inserta Empleo-Fundación ONCE. El análisis muestra que el 40,4% de las mujeres con discapacidad viven violencia de género frente al 32% de las mujeres sin discapacidad.

Además, el 98,2% de los casos de violencia ocurre en el entorno de la pareja o la familia, lo que incrementa su vulnerabilidad. Los tipos de violencia más frecuentes son la psicológica emocional (91,6%), la psicológica de control (71,9%) y la física (72,1%). Sin embargo, persisten tasas alarmantes de no denuncia (34,5%) y retiro de denuncias (4,3%), resultados de miedo, barreras de acceso y prejuicios estructurales que dificultan la defensa y la justicia para las víctimas.

La discriminación interseccional que viven las mujeres con discapacidad requiere protección específica para defender sus derechos fundamentales. Cemudis pidió que todas las instituciones “deben implementar” medidas que impulsen la igualdad y aseguren el cumplimiento de políticas relativas a los derechos de las personas con discapacidad.

También, el poder judicial necesita “revisar” los procedimientos para abolir actuaciones discriminatorias arraigadas a nivel estructural. La violencia institucional que viven las mujeres evidencia cómo el sistema patriarcal “cuestiona, revictimiza y estigmatiza”.

Finalmente, Cemudis exigió incorporar la perspectiva transversal de igualdad en la justicia y garantizar medidas para prevenir, atender y proteger, con recursos accesibles y profesionales formados. La igualdad real se basa en reconocer la diversidad y el derecho a una vida libre de violencia para todas, incluidas las mujeres con discapacidad.