Así consta en la investigación 'El potencial de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad: Propuesta de mejora estadística', elaborada por el Cermi dentro de su programa de estudios para el año 2025 y elevada al ministerio como documentación de soporte de la demanda propugnada, comunicó esta entidad estatal.

La Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad "constituye una herramienta de ámbito estatal que compila información procedente de los expedientes de valoración del grado de discapacidad gestionados por las comunidades autónomas y del Imserso, en las ciudades de Ceuta y Melilla". "A lo largo de más de dos décadas, su consolidación ha ido pareja al desarrollo normativo y técnico del sistema de valoración del grado de discapacidad en España", precisó.

Cermi concretó que a pesar de "que su origen es administrativo, la Base presenta un alto grado de estandarización, una cobertura poblacional casi completa y una estructura de variables que permite su aprovechamiento con fines estadísticos". Se trata, por tanto, de "una fuente empírica de gran valor para el conocimiento del sistema de reconocimiento oficial de la discapacidad, especialmente en términos de cobertura, desigualdades territoriales, perfiles funcionales y evolución del sistema".

El informe evidencia que la Base Estatal de Datos posee "un elevado potencial como fuente estadística de referencia para el estudio de la discapacidad en España, pero requiere mejoras técnicas, organizativas y de gobernanza".

"Su consolidación definitiva como herramienta pública de conocimiento exige una estrategia institucional clara que asegure su calidad, apertura, sostenibilidad y utilidad para las políticas públicas y la investigación", cuyo detalle el Cermi expone y justifica en su estudio.

La recopilación de datos y estadísticas sobre personas con discapacidad es una obligación establecida en el artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que vincula a los Estados parte, como es España, que les permita formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a lo ordenado por el tratado internacional, concluyó Cermi en un comunicado.