Así lo manifestó durante una entrevista concedida a Servimedia, en la que aseguró que la sociedad deberá asumir que las emergencias dejarán de ser episodios excepcionales para convertirse en una realidad recurrente y que, ante ese escenario, es imprescindible incorporar la accesibilidad y la inclusión a toda la planificación de protección civil.

Pérez Bueno consideró que la experiencia de los últimos años, desde la pandemia hasta la dana de Valencia o los recientes incendios forestales, demuestra que las administraciones y la propia ciudadanía “carecen todavía de una auténtica cultura de prevención y autoprotección”.

En su opinión, el incremento de las catástrofes asociadas al cambio climático, junto a posibles crisis sanitarias como la provocada por la covid-19, obligará a replantear completamente la forma en que se diseñan las políticas de emergencia. “Vamos a vivir permanentemente en una gestión de situaciones extraordinarias”, advirtió.

LA DISCAPACIDAD “MULTIPLICA LOS RIESGOS”

El presidente del Cermi subrayó que esa falta de preparación se agrava cuando las emergencias afectan a personas con discapacidad, ya que las barreras de accesibilidad “multiplican exponencialmente los riesgos” durante todas las fases de una catástrofe. “Si eso lo llevamos a la discapacidad se agrava. No se duplica, se centuplica”, aseguró.

En este sentido, explicó que las dificultades comienzan desde el mismo momento en que se emiten los avisos de emergencia, que muchas veces “no son plenamente accesibles”, y continúan durante los rescates, las evacuaciones o el acceso posterior a los recursos necesarios para recuperar la autonomía personal.

Pérez Bueno recordó que durante la dana muchas personas con discapacidad perdieron sillas de ruedas, audífonos y otros productos de apoyo “imprescindibles para su vida diaria”, una realidad que, según lamentó, “quedó prácticamente invisibilizada frente a las imágenes de los vehículos arrastrados por el agua”.

“Vimos cientos de automóviles inundados, pero nadie pensó en las sillas de ruedas, los audífonos o todos esos productos de apoyo que necesitan las personas con discapacidad”, señaló.

El dirigente asociativo alertó además de que las consecuencias de una catástrofe se prolongan durante meses o incluso años para muchas personas con discapacidad debido a la lentitud en la reposición de infraestructuras y ayudas técnicas.

Como ejemplo, explicó que tras una inundación las viviendas pueden limpiarse relativamente rápido, pero los ascensores pueden permanecer inoperativos durante largos periodos por la falta de profesionales especializados o de piezas de recambio. “Recuperamos las viviendas, se limpia el barro, desaparece la humedad, pero el ascensor sigue meses sin funcionar porque no hay técnicos suficientes ni materiales de reposición”, explicó.

A ello se suma, añadió, el tiempo necesario para sustituir productos de apoyo dañados, cuya fabricación o reparación suele depender de cadenas de suministro internacionales.

Pese a este diagnóstico, Pérez Bueno consideró que las sucesivas crisis están sirviendo para impulsar una nueva cultura de prevención más sensible a las necesidades de los colectivos más expuestos.

A su juicio, el movimiento asociativo de la discapacidad está actuando “como motor de este cambio” porque conoce de primera mano las consecuencias que tienen las emergencias sobre las personas con discapacidad. “El sector de la discapacidad va por delante porque nos va la vida en ello”, afirmó.

Por ello, defendió avanzar hacia un modelo de protección civil preventivo que incorpore desde el primer momento la accesibilidad universal y tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de otros colectivos especialmente vulnerables. “Las catástrofes tienen necesariamente una dimensión de inclusión que ya no podemos ignorar”, concluyó.