La conferencia virtual #PalestraConvenciónONU, un encuentro "centrado en el momento decisivo en el que se ultiman las modificaciones normativas que incorporarán nuevas afecciones al anexo del real decreto regulador", el presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, enmarcó la sesión en el vigésimo aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. "Celebramos 20 años de la Convención no solo para comprobar avances, sino para pensar en lo que queda por hacer. Y en protección social aún hay cuestiones pendientes, muchas y perentoria", afirmó.

Según informó el propio Cermi, Pérez Bueno recordó que el sistema de Seguridad Social es “el dispositivo público que más transferencias de renta dedica a las personas con discapacidad y a sus familias”. Subrayó que "la jubilación anticipada constituye una herramienta clave para garantizar el derecho a un nivel de vida adecuado", reconocido en el artículo 28 de la Convención. “Vamos a asistir casi en tiempo real a decisiones que se están tomando en relación con la jubilación anticipada de trabajadores y trabajadoras con discapacidad”, añadió.

El presidente del Cermi explicó que existen dos modalidades de jubilación anticipada. La primera, regulada en 2003, para personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, basada en la penosidad del trabajo. La segunda, aprobada posteriormente (2009) y reformada en 2023, dirigida a personas con discapacidad igual o superior al 45 %, vinculada a la acreditación de una reducción significativa y generalizada de la esperanza de vida. “Entendimos que el listado cerrado debía revisarse, porque la discapacidad es una realidad viva, cambiante, que evoluciona”, destacó.

En representación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, intervino el subdirector general de Diálogo Civil de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, Francisco Javier Rebollo, quien calificó el proceso como “un éxito conjunto del Tercer Sector y de la Administración”. Según explicó, "la comisión técnica creada por orden ministerial en 2025 ha logrado, en apenas cuatro reuniones, consensuar reglas claras de decisión y resolver en tiempo récord todas las solicitudes presentadas".

Rebollo destacó que uno de los principales retos fue concretar qué debe entenderse por “reducción generalizada y apreciable de la esperanza de vida”, un concepto que la norma anterior dejaba indeterminado. “Era necesario hacer medible este indicador. Hemos fijado reglas de decisión homogéneas que permiten resolver las solicitudes con garantías y objetividad”, afirmó. Asimismo, reconoció el esfuerzo de las asociaciones para recopilar documentación científica sólida, incluyendo estudios epidemiológicos nacionales e internacionales, explicó el Cermi.

MODIFICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN GENERAL

Situó este avance en el contexto de reformas más amplias en materia de discapacidad, como la modificación de la legislación general de derechos de las personas con discapacidad y de autonomía personal y dependencia. “Reforzar la protección social no tendría utilidad si no garantizamos el cumplimiento efectivo de los requisitos para acceder a ella”, indicó, aludiendo a la "necesidad de asegurar periodos de cotización suficientes y un reconocimiento ágil del grado de discapacidad".

Por su parte, La subdirectora general de Ordenación Jurídica de la Seguridad Social del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Mª Cecilia de la Concha Renero, detalló el procedimiento técnico seguido para la evaluación de nuevas patologías. Explicó que la comisión "ha considerado acreditada la reducción significativa de la esperanza de vida cuando esta es de al menos cinco años respecto de la media vigente en España y existe evidencia científica suficiente que lo respalde".

ENFERMEDADES APROBADAS PARA SU INCLUSIÓN

El Cermi detalló que de las 20 patologías inicialmente valoradas, 11 fueron informadas "de forma favorable para su inclusión en el anexo del real decreto", entre ellas la espina bífida, la enfermedad de Huntington, la esclerosis sistémica, la lesión medular sin distinción de origen traumático y la enfermedad renal crónica en estadio 5. “El informe de la comisión técnica es vinculante para la Dirección General de Ordenación”, precisó De la Concha, quien añadió que "la modificación reglamentaria podría culminar en un plazo aproximado de seis meses, una vez superados los trámites preceptivos, incluida la audiencia pública".

El presidente de la Comisión de Inclusión Laboral del Cermi y representante del movimiento asociativo en la comisión técnica, Daniel-Aníbal García-Diego, incidió en la importancia del rigor científico. “Hablamos de discapacidades que reducen de forma significativa y generalizada la esperanza de vida. No todas las situaciones de discapacidad encajan en esta modalidad, y eso no implica desprotección”, afirmó.

García-Diego recomendó a las asociaciones centrar sus solicitudes en aquellos estadios o grados de la enfermedad en los que exista evidencia robusta, evitando expedientes excesivamente amplios o heterogéneos que dificulten la valoración técnica. “Cuanto más claro y más sólido sea el dossier, menos dudas habrá y más fácil será la decisión”, subrayó. También recordó que la comisión es un órgano permanente y que las solicitudes pueden presentarse cada año entre el 1 de enero y el 31 de marzo, de cada año, por lo que una denegación no cierra la puerta a futuras revisiones si se aporta nueva evidencia.

SEGURIDAD JURÍDICA Y EQUIDAD

El encuentro, que reunió a cerca de 200 personas inscritas y generó un elevado volumen de consultas, puso de manifiesto el interés del movimiento asociativo por este proceso y la necesidad de información clara y accesible sobre sus requisitos y plazos, según el Cermi. El comité valoró "de modo positivo el clima de diálogo institucional y la apertura de la Administración a mantener un procedimiento vivo y perfeccionable". “Se trata de ensanchar derechos con base en criterios objetivos, garantizando seguridad jurídica y equidad”, concluyó Luis Cayo Pérez Bueno, quien reiteró "el compromiso del movimiento asociativo de seguir impulsando mejoras en la protección social de las personas con discapacidad".