Así lo dio a conocer en la tercera reunión del Comité de Apoyo de este año, que se celebró esta semana de forma virtual, y que fue moderada y conducida por el delegado del Cermi Estatal de Derechos Humanos y para la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia.

Al respecto de la litigación estratégica como instrumento para la extensión y defensa de los derechos de las personas con discapacidad, desde el Cermi se señaló que “debemos tener en cuenta que la litigación estratégica parte de dos presupuestos, por una parte, la consideración de la discapacidad como una cuestión de derechos humanos y, por otra, la inteligencia de las organizaciones de personas con discapacidad como entidades de derechos, de promoción y defensa de estos, que ha de ser su dimensión primordial”.

Esta forma de entender la discapacidad y sus entidades representativas implica, según se explicó durante la reunión, que las organizaciones de defensa de derechos “actúan en distintos planos: la toma de conciencia, que supone generación de conocimiento y extensión de este; la denuncia; la incidencia política, es decir, provocar cambio del marco normativo; y la defensa activa contra violaciones”.

En este sentido, se indicó que el objeto de la litigación ha de ser sopesado, elegido de modo selectivo, y vinculándolo siempre a propósitos de especial trascendencia. La litigación estratégica opera cuando el resto de los planos no ha funcionado o se demoran mucho y es por naturaleza extensiva, de amplio efecto (más allá del caso concreto, usa un supuesto concreto, pero beneficia a una colectividad).

Según el Cermi, las organizaciones de discapacidad “deben asumir con convicción esta herramienta y utilizarla selectivamente conectada con objetivos de particular relevancia de su agenda política para lo cual han de disponer de estructura apropiada y preparada (Asesoría Jurídicas, etc.), realizar un trabajo previo de clínicas jurídicas, pro-bonos, y otras alianzas con operadores jurídicos”.

Respecto de los costes de la litigación estratégica, se consideran por la entidad como “asumibles para organizaciones de tamaño medio o grande” y recordó que “la ley reconoce a las organizaciones de la discapacidad el beneficio de justicia gratuita, a cuyo uso instamos”.