En un comunicado, la plataforma representativa de la discapacidad en España puso en valor que se trata de una “reforma de gran relevancia” para consolidar y actualizar el marco jurídico de un “sector estratégico para la cohesión social, el empleo inclusivo y la vertebración del territorio”.

Para el Cermi, “la culminación de esta tramitación parlamentaria supone un hecho positivo para la discapacidad, ya que el nuevo texto legal refuerza a la iniciativa social emprendedora en discapacidad, al considerar solo a los centros especiales de empleo de iniciativa social como familia de la economía social, no otorgando esta condición a los mercantiles lucrativos”.

“Esta diferenciación, sin impacto alguno negativo en el empleo de personas con discapacidad, aporta claridad y evita confusiones interesadas que comprometían los principios inspiradores de la economía social”, agregó el Cermi.

Asimismo, aplaudió la incorporación a la norma del reconocimiento expreso de la ONCE como entidad parte del tercer sector de acción social y colaboradora de la Administración del Estado.

“El sector social de la discapacidad reconoce y agradece a los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, por el trabajo desarrollado en las distintas fases de tramitación de la Ley, que han planteado y hecho suyas buena parte de las demandas del Cermi”, concluyó la entidad.