La entidad comunicó que ya ha presentado 425 alegaciones al proyecto normativo para exigir que las redes de telecomunicaciones garanticen la supervivencia de las personas con discapacidad en situaciones de apagones, colapsos o ciberataques. El Cermi CV advirtió, además, que una eventual brecha de seguridad podría dejar sin comunicación durante horas a pacientes críticos.

Según este comité, el futuro real decreto sobre seguridad y resiliencia de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas puede dejar incomunicadas a personas que dependen de la conectividad para vivir y registró ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública "un documento con 425 alegaciones técnico-jurídicas para garantizar que las redes de telecomunicaciones aseguren la supervivencia de las personas electrodependientes y con discapacidad en situaciones de colapso, apagones o ciberataques".

La entidad denunció la existencia de una "brecha de seguridad" en la normativa propuesta, al permitir que las antenas móviles se apaguen tras cuatro horas de un corte eléctrico. Muchos respiradores y equipos de soporte vital cuentan con baterías de hasta doce horas, lo que si bien supone que el paciente pueda seguir con vida, quedaría "incomunicado durante horas críticas sin posibilidad de pedir auxilio". Cermi CV alertó de que este "desacople fatal" puede tener consecuencias letales en escenarios de emergencia climática, crisis energéticas o amenazas híbridas, como las vividas recientemente con episodios como la dana de Valencia.

El documento presentado, que la organización califica de "inédito por su elevado nivel de sofisticación técnica y de ingeniería jurídica", busca corregir un enfoque que considera "excesivamente tecnocrático" del proyecto normativo y reclama que la infraestructura digital del Estado no se limite a proteger datos, sino que también proteja las vidas de los más de cuatro millones de personas con discapacidad y de sus familias que viven en España. En este sentido, las alegaciones pretenden que se blinden las comunicaciones, la teleasistencia y los sistemas de emergencia, como el 112 y el sistema ES-Alert, y abordan desde los riesgos derivados del uso de la inteligencia artificial (IA) y los 'deepfakes' hasta la soberanía de los datos de salud y la prioridad en la reparación de redes en zonas rurales, según informó Cermi CV.

"No podemos permitir una seguridad de dos velocidades, con una red robusta para el usuario estándar y una red frágil para quien depende de ella para vivir", explicó el presidente del Cermi CV, Luis Vañó, quien además subrayó que la organización hrealizó "una auditoría quirúrgica del texto legal para demostrar que la accesibilidad no es un extra, sino el cortafuegos que separa la vida de la muerte en una catástrofe".

ALARMAS CENTINELA

Entre las principales reclamaciones, el Cermi CV exige en su documento elevar a 24 horas la autonomía obligatoria de las antenas que dan cobertura a hogares de pacientes electrodependientes y la creación de una "alarma centinela" que avise de forma automática al 112 cuando caiga la conexión de un paciente vital.

Asimismo, las alegaciones anticipan riesgos futuros vinculados a la IA y las ciberamenazas, reclamando "protección frente al llamado triaje algorítmico", que podría relegar en la prioridad de red a personas con discapacidad, responsabilidad objetiva de los operadores si los traductores automáticos cometen errores graves en alertas de emergencia y medidas frente a la clonación de voz y otros usos de 'deepfakes' que puedan emplearse para estafar a personas mayores o ciegas en situaciones de caos.

El documento también reclama que la accesibilidad universal sea considerada un requisito de seguridad nacional, exigiendo que los sistemas de alerta pública sean accesibles por diseño, con integración de lengua de signos, texto en tiempo real, alertas por vibración háptica para personas sordociegas e interoperabilidad de las aplicaciones de emergencia con lectores de pantalla, al tiempo que advierte de que "una alerta que no se entiende es una alerta que no existe".

Además, el Cermi CV solicitó que se enmiende la memoria económica del proyecto, que sostiene que la norma no tiene impacto en las familias, pues según el comité está acreditado que la caída de las redes de teleasistencia provoca un "voluntariado forzoso" en las familias cuidadoras y afecta de forma crítica al desarrollo de la infancia con discapacidad que depende de la telerrehabilitación, por lo que exigió que este coste social sea reconocido y cuantificado.

NEURODERECHOS

En un apartado "de vanguardia", las alegaciones reclaman la protección especial de la soberanía digital y de los denominados neuroderechos, incluyendo los datos neuronales vinculados a interfaces cerebro-computadora y la integridad de los bancos de voz de pacientes con esclerosis lateral amniotrófica (ELA) alojados en la nube, que consideran activos personales de infraestructura crítica que no pueden perderse por un fallo de red.

El documento concluye solicitando la incorporación de una cláusula de "no regresión" que impida que "los operadores utilicen situaciones de fuerza mayor como excusa para suspender los derechos de accesibilidad" y, en palabras de Vañó, emplaza al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a decidir "si quiere aprobar la norma de ciberseguridad más avanzada y humana de Europa o un texto que deje atrás a los más vulnerables".