Aprobada en 2015, con amplio respaldo parlamentario y a impulsos del propio Tercer Sector de Acción Social, la Ley 43/2015, de 9 de octubre dota de estatuto jurídico diferenciado al tercer sector de acción social y establece una serie de medidas de impulso y apoyo desde los poderes públicos, buena parte de las cuales debían “concretarse a través de desarrollos reglamentarios”.

El Cermi adujo que, diez años después de su promulgación, por “falta de iniciativa del ministerio” competente (Derechos Sociales) tan solo se aprobó un real decreto de desarrollo, el que regula la Comisión de Diálogo Civil con la Plataforma del Tercer Sector, y esto en 2017.

Aseguró que el resto de las cuestiones pendientes como el real decreto de regulación de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado, el inventario de entidades del tercer sector de acción social o el programa impulso permanecen “varados, sin avances de ningún tipo” pese “al mucho tiempo transcurrido”, como consecuencia de la “inacción de Derechos Sociales”.

A menos de dos meses de celebrarse el décimo aniversario de la aprobación de la Ley 43/2015, el próximo 9 de octubre, el Cermi, como parte del Tercer Sector de Acción Social, reclamó la “reactivación de los desarrollos no materializados de esta Norma legal”, a fin de “ofrecer a la sociedad civil los instrumentos adecuados para ejercer su labro de promoción y extensión de los derechos sociales”.