Según el Cermi, pese a los mandatos constitucionales -el nuevo artículo 49 de la Constitución obliga a que todos los entornos sean universalmente accesibles- y legales, el poder que crea y aprueba las leyes no se las aplica a sí mismo, vulnerando así derechos fundamentales en una democracia avanzada".

"Aparte de incumplir el deber de garantizar entornos accesibles, con esta inacción el Congreso viola también el derecho a la participación política de las personas con discapacidad, como ha ocurrido en las últimas legislaturas en que ha habido diputados con discapacidad que no han podido hacer uso de la tribuna de oradores, quedando menoscabada la dignidad de su función representativa", sentenció en un comunicado.

El Cermi exigió así a la Presidencia y a la Mesa de la Cámara que acometan sin mayor dilación los proyectos disponibles que proporcionen accesibilidad al Salón de Plenos y se resuelva una deuda "demasiado tiempo" pendiente con los derechos de las personas con discapacidad.