El Cermi pretende "que Derechos Sociales actúe, acelerando los trámites que restan para que este reglamento entre en vigor" y añadió que el Gobierno ha incumplido "el plazo máximo de tres años dado por el legislador para promulgar la norma".

"La modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que reguló la accesibilidad cognitiva, a propuesta del Cermi, fue aprobada en el año 2022 y estableció un mandato al Ejecutivo para que, en el plazo de tres años, a contar desde el 1 de abril, el Ejecutivo promulgara el Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, norma de desarrollo en que se detallarían los requerimientos en este nuevo ámbito de la accesibilidad", según detalló el comité.

Transcurrido ese plazo, que expiró el 1 de abril del presente año, la norma reglamentaria "no ha sido adoptada aún, incumpliendo así el Gobierno el mandato legal, en perjuicio de las personas con discapacidad que necesitan esta regulación de las condiciones de accesibilidad cognitiva para el ejercicio más pleno de sus derechos", añadió el Cermi.

Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva se dirigen a preservar los derechos de las personas con dificultades de comprensión y comunicación en el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales, concluyó el Cermi en un comunicado.