Según informó este martes la plataforma representativa de la discapacidad, el análisis examina los contenidos del Real Decreto 855/2026, de 21 de octubre, que aprueba esta norma y establece medidas para proteger los derechos del estudiantado con discapacidad en las universidades públicas y privadas de España.

El informe identifica garantías en ámbitos como la igualdad de trato y la no discriminación, el acceso y la admisión, los apoyos especializados, las adaptaciones curriculares, las prácticas académicas, la evaluación y la revisión de calificaciones. También recoge previsiones sobre movilidad nacional e internacional, representación estudiantil, deporte inclusivo, transporte adaptado y accesibilidad de los servicios universitarios, las tecnologías digitales y los alojamientos.

El Cermi valoró positivamente que la discapacidad se aborde de forma transversal y que las medidas de inclusión comprendan todas las dimensiones de la experiencia universitaria, más allá de la actividad docente. Entre las previsiones destacadas figuran la adaptación de los procedimientos de acceso y evaluación, las unidades de apoyo, las tutorías personalizadas y el fomento de la participación del alumnado con discapacidad en los órganos de representación y las actividades universitarias.

No obstante, la entidad advierte de que las garantías recogidas en la norma deben traducirse en “derechos efectivos”. Para ello, consideró necesarios procedimientos accesibles para solicitar apoyos y ajustes, personal especializado y financiación suficiente.

Asimismo, alertó de que las limitaciones organizativas de las universidades o el carácter potestativo de determinadas adaptaciones docentes no deben menoscabar la igualdad de oportunidades del estudiantado con discapacidad.

PLAZOS PARA ADAPTAR LA NORMATIVA UNIVERSITARIA

El nuevo Estatuto establece un plazo de doce meses desde su entrada en vigor para que las universidades adapten sus normativas y dispongan de los servicios o unidades necesarios. Además, fija un plazo de seis meses para aprobar determinados “protocolos” cuando todavía no existan.

Ante estos plazos, el Cermi consideró necesario realizar un seguimiento del proceso de adaptación, evaluar el cumplimiento de las obligaciones y garantizar la participación del estudiantado con discapacidad y de sus organizaciones representativas.