Así lo señaló la plataforma representativa de la discapacidad tras analizar el Real Decreto 606/2026, de 22 de julio, por el que se aprueba el Estatuto de este organismo, sobre el que ha elaborado un informe en el que valora positivamente la incorporación de garantías dirigidas a asegurar la igualdad de trato de las personas con discapacidad.

Según el Cermi, el Estatuto integra la discapacidad en la organización y funcionamiento de la Autoridad mediante exigencias de accesibilidad universal, ajustes razonables, accesibilidad cognitiva y atención especializada a las víctimas de discriminación.

En este sentido, resaltó la obligación de garantizar que todos los servicios de asistencia, orientación, información, mediación y tramitación de quejas sean plenamente accesibles, con independencia de que se presten de forma presencial, telefónica o digital. Asimismo, destacó que la norma contempla el uso de lenguaje sencillo, lectura fácil y otros formatos accesibles cuando sean necesarios para facilitar la comprensión de la información.

El Cermi también puso en valor que la accesibilidad universal, incluida la cognitiva, se configure como “un principio estructural de toda la actividad de la Autoridad”, afectando tanto a sus instalaciones y comunicaciones como a sus procedimientos administrativos y servicios digitales.

El movimiento asociativo de la discapacidad subrayó igualmente la participación prevista para las organizaciones representativas de las personas con discapacidad en el Consejo Consultivo de la Autoridad, así como los mecanismos de cooperación con el movimiento asociativo para detectar casos de discriminación, elaborar estudios y desarrollar actuaciones de sensibilización y formación.

Asimismo, destacó la incorporación de la perspectiva de discapacidad en la elaboración de estadísticas e informes mediante la recopilación de datos desagregados y la atención al impacto que pueden generar los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos en la aparición de situaciones discriminatorias.

A juicio del Cermi, la aprobación del Estatuto abre una nueva etapa en la aplicación efectiva de la Ley 15/2022, Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, al dotar a la Autoridad de instrumentos que pueden reforzar la protección de las personas con discapacidad frente a cualquier forma de discriminación.

No obstante, la entidad advirtió de que el éxito de este organismo “dependerá de que disponga desde el inicio de recursos humanos, técnicos y económicos suficientes, de protocolos plenamente accesibles y de una colaboración permanente” con el movimiento organizado de la discapacidad, para que la accesibilidad y la inclusión constituyan elementos estructurales de toda su actuación.