Así lo reclamó este martes en un comunicado en el que consideró quee l Gobierno, a través de Derechos Sociales, departamento ministerial competente, debe comenzar "con urgencia" los trabajos preparatorios de la transposición de la directiva, abriendo un diálogo "estrecho" con todos los grupos de interés de esta nueva normativa, como son el sector social de la discapacidad, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a fin de "consensuar" un borrador de disposición nacional.

A juicio del Cermi, la transposición al derecho español de la directiva puede realizarse a través de norma reglamentaria (real decreto), sin que sea necesario rango legal, por lo que el proceso de aprobación puede ser "más sencillo y acelerado", al no tener que intervenir las Cortes Generales.

El Cermi plantea al Gobierno que se fije como horizonte que España sea el primer país de la Unión que haga suya la directiva y la traslade a su derecho nacional, continuando así la senda de país, ya que fue uno de los "más activos" en la promoción y final adopción de esta normativa.