El proyecto de ley, actualmente en tramitación parlamentaria, incorporó durante su paso por el Senado distintas enmiendas en estas materias que, según el Cermi, suponen “avances concretos en la protección y ampliación de derechos de las personas con discapacidad, las personas en situación de dependencia y sus familias”. La Cámara Alta ha recogido en su documentación oficial la disconformidad del Gobierno con la tramitación de determinadas enmiendas.

Por ello, el movimiento asociativo de la discapacidad reclamó que estas mejoras puedan ser debatidas y validadas por el Congreso de los Diputados, evitando que el ejercicio de la facultad de veto “impida incorporar medidas de contenido social y de ampliación de derechos a una reforma que afecta a las personas con discapacidad y en situación de dependencia”.

Entre las medidas que la entidad pidió preservar figura la extensión de los beneficios fiscales asociados al reconocimiento oficial de un grado de discapacidad del 33% a las personas en situación de dependencia que, conforme a la reforma, quedan asimiladas a dicha situación. El Cermi defendió que esta equiparación tenga también efectos en el ámbito tributario.

Asimismo, reclamó mantener la reducción del IVA del 10% al 4% para la adquisición de determinados productos y servicios destinados o vinculados directamente a las necesidades de las personas con discapacidad, como vía para “reducir los sobrecostes asociados a la discapacidad y mejorar su capacidad económica”.

Otra de las medidas se refiere a la prestación de la Seguridad Social para menores afectados por cáncer u otras enfermedades graves, conocida como CUME, cuya modificación permitiría ampliar en determinados supuestos el límite de edad para percibirla y reforzar así la protección de las familias que afrontan situaciones de especial intensidad de cuidados.

El Cermi consideró que estas medidas fiscales y de Seguridad Social responden a una misma lógica: “avanzar en la igualdad efectiva de las personas con discapacidad y de quienes se encuentran en situación de dependencia” actuando también sobre los costes económicos, fiscales y de protección social que soportan estas personas y sus familias.

Por ello, la plataforma representativa de la discapacidad reclamó al Gobierno que “cancele los vetos planteados” y “permita que las enmiendas sean objeto de pronunciamiento” por parte del Congreso y puedan incorporarse finalmente a la reforma. A su juicio, ello contribuiría además a ampliar el consenso político en torno a la nueva legislación.

El Cermi señaló que la modificación de las leyes de discapacidad y de autonomía personal y dependencia constituye “una oportunidad para avanzar en la garantía efectiva de derechos” y defendió que el texto final “incorpore mejoras destinadas a reforzar la protección social, económica y jurídica de las personas con discapacidad y en situación de dependencia”.

El Cermi explicó que continuará trabajando con los grupos parlamentarios para que estas medidas se mantengan en la reforma y para que el resultado final de la ley “responda a las necesidades y derechos de las personas con discapacidad y sus familias”.