Según informó el propio Cermi, la entrada en vigor de la ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia impuso la obligación de tener que intentar un MASC antes de acudir a la vía judicial en el ámbito civil y mercantil.

Esta medida, potenciadora de una cultura del acuerdo y, según sus promotores “imprescindible” para la consolidación de un servicio público de justicia sostenible podría “no garantizar el acceso efectivo” a la Justicia de las personas con discapacidad, si no se adoptan altos estándares de accesibilidad, se dota de recursos y apoyos y se promueve la formación especializada de los operadores jurídicos.

La discapacidad recibió “poca atención” en estos cauces adicionales de acceso a la Justicia. La falta de difusión de los MASC por parte de los operadores y entidades de la Justicia, la escasa financiación de servicios de orientación y asesoramiento previos a los procesos judiciales, así como a las “pertinaces” ideas capacitistas sobre la experiencia de vivir con discapacidad, no permitieron a las personas con discapacidad hacer un mayor uso de los MASC como opción “válida y confiable” para gestionar y poner fin a las “controversias” que son “susceptibles” de someterse a estos mecanismos.

La obra, que tiene una vocación “eminentemente práctica”, se guía por el propósito principal apoyar a los operadores de gestión y resolución de conflictos, orientándolos en el diseño e implantación de MASC inclusivos con las personas con discapacidad.

Asegurar unos MASC “inclusivos” es una “prioridad”, no solo porque contribuye a reducir la brecha de desigualdad en el acceso a la justicia que afecta a la población con discapacidad en comparación con el resto de población, sino también porque promover prácticas y estructuras en justicia “seguras, respetuosas e igualitarias”, donde todas las personas expresen sus preocupaciones y participen activamente, promueve y fortalece la cohesión social. La investigación correrá a cargo de la doctora en Derecho, mediadora, experta en Derecho de la Discapacidad, consultora social y colaboradora asidua del Cermi, Gloria Álvarez Ramírez.