"El acuerdo vigente, que supone un reparto de lo recaudado del 80% para las comunidades y ciudades autónomas y un 20% para el Estado (convocatoria centralizada nacional), expira este año 2025, por lo que es urgente prolongarlo para los próximos cinco años, dado que es la fuente sustancial de financiación de los programas sociales que lleva a cabo el tercer sector de acción social en toda España", explicó el Cermi en un comunicado.

"Quedan pocos meses, pues, para renovar el acuerdo, que requiere encarar y culminar todo el proceso político y administrativo que esto conlleva", por lo que el Cermi exigió "celeridad a las administraciones involucradas para alcanzar un buen y pronto resultado".

El movimiento de la discapacidad, junto con todo el tercer sector de acción social, exigió así que el acuerdo renovado mantenga el "reparto del 80%- 20% entre dimensión territorial y estatal, ya que significa un punto de encuentro de todas las partes concernidas que ha traído paz a un tema que en el asado fue objeto de debate político y judicial, que no debe volver a repetirse".