Así lo solicitó el Cermi en un comunicado en el que recordó que la modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que reguló la accesibilidad cognitiva fue aprobada en el año 2022. Establecía un mandato al Ejecutivo para que, en el plazo de 3 años, a contar desde el 1 de abril, este promulgara el Reglamento de condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, norma de desarrollo en que se detallarían los requerimientos en este nuevo ámbito de la accesibilidad.

"Transcurrido ese plazo -expiró el 1 de abril de 2025- la norma reglamentaria no ha sido aprobada aún, incumpliendo el Gobierno el mandato legal, en perjuicio de las personas con discapacidad que necesitan esta regulación de las condiciones de accesibilidad cognitiva para el ejercicio más pleno de sus derechos", insistieron desde Cermi.

Las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva se dirigen a preservar los derechos de las personas con dificultades de comprensión y comunicación en el entorno físico, el transporte, la información y la comunicación. Esto incluye los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.