Señala que la aprobación de los Presupuestos del Estado para el ejercicio 2024 es “una necesidad ineludible para que las políticas sociales, tanto del Estado como del resto de administraciones públicas, den creciente respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, y de su sector social, en ámbitos críticos como la autonomía personal y la atención a la dependencia, la promoción de la accesibilidad universal, la inclusión laboral, la ayuda a las familias o la protección dentro del sistema de la Seguridad Social, entre otros”.

Además de incrementar las partidas sociales, el Cermi pide que los próximos Presupuestos Generales del Estado incluyan la elevación del 0,7 al 1 por 100 del porcentaje de las asignaciones tributarias de interés social tanto en el IRPF como en el Impuesto de Sociedades, para que los proyectos de inclusión dirigidos a grupos en situaciones de fragilidad cuenten con más recursos.

Asimismo, desde el Cermi se plantea también que la Ley de Presupuestos corrija los efectos indeseables que la regulación vigente de la desindexación tiene en los servicios sociales prestados por las organizaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro, así como se incremente de modo significativo el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que debería pasar de los 600 euros actuales a los 850 euros mensuales.