La FCM trasladó a Martínez la necesidad de una respuesta legislativa específica, que "reconozca, repare y prevenga esta violación de derechos humanos, calificada por organismos internacionales como trato cruel, inhumano o degradante".

Según apuntó la vicepresidenta ejecutiva de FCM, Ana Peláez, esta práctica se ejerció mayoritariamente sobre mujeres con discapacidad intelectual o psicosocial, a menudo con base en informes médicos y decisiones de tutores legales.

De acuerdo con los datos del Consejo General del Poder Judicial, más de 1.100 personas fueron esterilizadas judicialmente entre 2005 y 2016. La cifra real, sin embargo, "es mucho mayor", opinó, debido a la falta de registros completos.

La pasada semana, Peláez compareció ante la Comisión de Igualdad del Senado, donde presentó oficialmente esta demanda del Movimiento Cermi liderada por la Fundación Cermi Mujeres.

Las senadoras acogieron favorablemente la propuesta y reconocieron la gravedad de la injusticia y la urgencia de legislar para reparar a las víctimas. “Sin una ley de reparación, el daño causado permanece invisible y sin respuesta”, advirtió la vicepresidenta de la entidad.

La Fundación señaló que la Ley Orgánica 2/2020, que derogó la posibilidad de autorizar esterilizaciones forzadas, así como la reforma del artículo 49 de la Constitución, han supuesto pasos importantes hacia el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad. A su juicio, "sin una legislación que contemple restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, estos avances resultan insuficientes".

Cermi marcó como horizonte simbólico y político el año 2026, cuando se conmemorará el 20 aniversario de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que la ley esté plenamente en vigor.

Dentro de la ronda de contactos ya en marcha, está prevista una recepción oficial en el Congreso de los Diputados. Además, la fundación ha solicitado formalmente una reunión con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, así como con la propia Secretaría de Estado. La entidad asegura que seguirá promoviendo esta iniciativa legislativa como una deuda de justicia histórica hacia las mujeres con discapacidad víctimas "de una de las formas más extremas de violencia institucional en nuestro país".