El encuentro, celebrado en su sede y coincidiendo con la semana del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, reunió a miembros de las comisiones parlamentarias de discapacidad, con el objetivo de “reforzar el diálogo institucional y acercar la perspectiva de género al trabajo legislativo”.

Durante la sesión, la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez Narváez, alertó sobre la invisibilidad de las mujeres que adquieren discapacidad como consecuencia de violencias estructurales, como la violencia de género o la trata, y denunció las dificultades de acceso a la justicia. En este sentido, subrayó la falta de credibilidad que, en muchos casos, se otorga a los testimonios de mujeres con discapacidad.

Por su parte, la directora ejecutiva del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) y patrona de la fundación, Pilar Villarino, destacó el actual momento legislativo tras la reforma del artículo 49 de la Constitución y situó como “prioridad” la aprobación de una ley de reparación para las víctimas de esterilizaciones forzadas, que calificó como “una demanda central del movimiento”.

En la misma línea, el delegado de Derechos Humanos del Cermi, Gregorio Saravia Méndez, insistió en la necesidad de “incorporar un enfoque interseccional en las políticas públicas”, mientras que Sara de Torres Riveiro presentó el Informe España 2025 como “herramienta clave de monitorización”, denunciando la persistencia de discriminaciones estructurales.

Los representantes parlamentarios coincidieron en la necesidad de “seguir avanzando en el reconocimiento efectivo de los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad”, reforzando el marco normativo y garantizando su aplicación real.

La jornada fue clausurada por el presidente de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad del Senado, Juan Carlos Serrano López, quien trasladó la disposición institucional a “continuar trabajando en esta agenda”.

La Fundación Cermi Mujeres reiteró que la aprobación de una ley de reparación para mujeres con discapacidad víctimas de esterilizaciones forzadas constituye una “prioridad urgente”, y avanzó que defenderá esta propuesta el próximo 12 de mayo en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso.

El encuentro consolidó un espacio de interlocución directa entre el movimiento asociativo y los poderes legislativos para impulsar reformas y políticas públicas que garanticen los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad desde un enfoque de igualdad y derechos humanos.