Explicaron que las nuevas tecnologías que se utilizan como base para el consumo digital deben ser aliadas de la inclusión. “Sin embargo, sin una protección reforzada, muchas personas consumidoras vulnerables no pueden disfrutar de los bienes, productos y servicios de consumo debido a los efectos de la brecha digital”, añadieron.

Ambas entidades recuerdan que la brecha digital afecta de forma especialmente significativa a las personas con discapacidad y personas mayores, que precisan de una protección reforzada para combatir esta barrera digital, que si persiste impedirá su participación como consumidoras.

Para el Cermi y la OCU, las tecnologías digitales debe favorecer a los ciudadanos y debe favorecer la inclusión y el acceso en igualdad de todos los consumidores incluidas las personas con discapacidad y no deben convertirse “en una barrera insuperable para un porcentaje muy significativo de la población”.

Por todo ello, reclaman soluciones tecnológicas universalmente accesibles, alfabetización digital y atención personalizada y preferente como medidas prioritarias para un disfrute de los derechos de consumo real y efectivo.

Además, exigen a las administraciones públicas que den ejemplo y promuevan el acceso inclusivo a través de las tecnologías digitales y promuevan en sus ámbitos de actuación normativas y actuaciones que frenen la brecha digital de los consumidores vulnerables.

Por ello, ambas entidades consideran que la futura ley por la que se regulan los servicios de atención a la clientela y la ley de defensa del cliente financiero, actualmente en fase de aprobación, deben favorecer el consumo inclusivo para todas las personas, incorporando medidas que eliminen la brecha digital.