Discapacidad

El Cermi pide acelerar la inclusión laboral y reclama una inteligencia artificial “ética, regulada y libre de sesgos” hacia la discapacidad

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Madrid
SERVIMEDIA

El presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, defendió que el gran reto de los próximos años pasa por “acelerar todos los procesos de inclusión social” de las personas con discapacidad, especialmente en el ámbito del empleo, al tiempo que reclamó una inteligencia artificial “ética, regulada y libre de sesgos” que contribuya a eliminar barreras en lugar de perpetuar las desigualdades existentes.

Así lo manifestó durante una entrevista concedida a Servimedia, en la que advirtió de que, pese a los importantes avances registrados en las últimas décadas, todavía queda “un largo recorrido para alcanzar una igualdad efectiva de oportunidades” y evitar “posibles retrocesos en los derechos conquistados”.

Pérez Bueno alertó de que la sociedad vive instalada en la idea de que el progreso es siempre irreversible, cuando la historia demuestra que “también pueden producirse retrocesos”. “A veces estamos instalados en la visión de que todo va hacia adelante, pero también puede ir hacia atrás”, afirmó, antes de subrayar que la prioridad debe ser “consolidar los derechos ya conquistados” para evitar volver “a décadas anteriores”.

En este sentido, aseguró que sigue confiando en que la inclusión de las personas con discapacidad continuará avanzando, aunque insistió en la necesidad de acelerar el ritmo de los cambios. “Lo que nos toca es acelerar la inclusión, los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y de sus familias”, señaló.

EL EMPLEO MEJORA PERO CON RITMO "INSUFICIENTE"

El presidente del Cermi destacó como uno de los datos más esperanzadores el crecimiento continuado del empleo entre las personas con discapacidad, que ha alcanzado su máximo histórico según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).

“Nunca ha habido tantas personas con discapacidad trabajando como ahora”, destacó, al considerar que se trata de una evolución positiva que confirma que las políticas de inclusión están dando resultados. Sin embargo, matizó que el avance continúa siendo “demasiado lento”. “Está ocurriendo algo positivo, pero lento e insuficiente”, afirmó.

Recordó que cerca del 40% de la población activa con discapacidad continúa fuera del mercado laboral y advirtió de que, manteniendo el ritmo actual de crecimiento, serían necesarios alrededor de cuatro decenios para equiparar las tasas de empleo con las de la población sin discapacidad. “Estamos mejorando, pero necesitaríamos 40 años para ponernos al día”, lamentó.

Por ello, defendió intensificar todas las políticas de inclusión en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda, la accesibilidad, la participación social, la protección social o la visibilidad pública de las personas con discapacidad.

“Hay que meter una tensión productiva para acelerar todos esos procesos”, señaló, con el objetivo de “que dentro de una o dos generaciones la discapacidad deje de suponer una situación de desventaja estructural”.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL, OPORTUNIDAD… Y RIESGO

Pérez Bueno también analizó el impacto que tendrá la inteligencia artificial en la vida de las personas con discapacidad y reconoció que el movimiento asociativo de la discapacidad afronta esta revolución tecnológica con esperanza, aunque también con prudencia.

Explicó que las nuevas tecnologías pueden convertirse en una poderosa aliada para la inclusión, al compensar limitaciones funcionales y abrir oportunidades que hasta hace pocos años resultaban impensables. “Las nuevas tecnologías siempre las hemos recibido con esperanza porque pueden abrir puertas que antes no existían”, afirmó.

A su juicio, la automatización y las herramientas de inteligencia artificial pueden reducir el peso de las limitaciones físicas en ámbitos como el empleo, la educación o la comunicación, favoreciendo “una participación mucho más plena de las personas con discapacidad”.

No obstante, el presidente de la plataforma representativa de la discapacidad advirtió de que la inteligencia artificial también presenta importantes riesgos si se desarrolla a partir de datos que “históricamente han invisibilizado o discriminado a las personas con discapacidad”. “La inteligencia artificial nace sin haber tenido en cuenta la discapacidad”, denunció.

Explicó que estos sistemas aprenden de bases de datos construidas sobre una realidad en la que la discapacidad apenas ha estado representada o lo ha estado mediante estereotipos, lo que puede provocar que los algoritmos reproduzcan automáticamente esas mismas desigualdades. “Cuando recoge datos sobre discapacidad, muchas veces son datos sesgados o estereotipados”, afirmó.

Por ello, reclamó que el desarrollo tecnológico incorpore desde el inicio la participación de las propias personas con discapacidad y tenga en cuenta sus necesidades reales, evitando que las soluciones tecnológicas se diseñen sin su intervención.

Frente a estos riesgos, Pérez Bueno defendió una combinación de innovación, regulación y supervisión institucional. “Siempre tiene que haber una regulación y un garante último”, afirmó, al recordar que la Unión Europea ya cuenta con una normativa específica sobre inteligencia artificial, en cuya elaboración participaron tanto el Cermi como el Foro Europeo de la Discapacidad.

Asimismo, explicó que el movimiento de la discapacidad continúa trabajando con las instituciones comunitarias para mejorar la legislación conforme evolucionan estas tecnologías, ya que “la evolución de la inteligencia artificial es absolutamente vertiginosa”.

En este contexto, destacó que el Cermi ha sido seleccionado por la Unión Europea para formar parte de los órganos de asesoramiento sobre inteligencia artificial, desde los que contribuirá a incorporar la perspectiva de la discapacidad en el desarrollo de futuras normas.

El presidente del movimiento asociativo de la discapacidad defendió, finalmente, que la innovación tecnológica debe ir acompañada siempre de principios éticos, control democrático y garantías jurídicas para impedir que la inteligencia artificial genere nuevas formas de discriminación. “Sí a la innovación, pero también sí a la regulación y a que las instituciones garanticen que estas tecnologías respeten plenamente los derechos de las personas con discapacidad”, concluyó.

(SERVIMEDIA)
15 Ago 2026
RIM/pai