Ante la fijación de los plenos del Congreso para abordar el debate y votación de esta propuesta los próximos días 16 y 18 de enero, el Cermi hizo ver a los portavoces parlamentarios que la reforma del artículo 49 supone “no solo es desterrar del texto constitucional una terminología hiriente que desconsideraba y ofendía a las personas con discapacidad” -un 10 por ciento de la población-, sino que “ancla en nuestra norma fundamental el enfoque derechos humanos, el único admisible para abordar la realidad de esta parte de la ciudadanía”.

La primera reforma social de la Constitución responde a una demanda firme y sostenida del movimiento cívico de la discapacidad, de casi veinte años, que cuenta con un amplísimo consenso social, que ahora por fin está a punto de trasladarse al plano político y normativo.

Tras una larga espera, “es el momento de las personas con discapacidad”, por lo que esta reforma debe centrarse “única y exclusivamente” en esta cuestión, de enorme importancia por sí misma, que el sector social de la discapacidad entiende como un avance país, una mejora colectiva que profundiza y ensancha el carácter de democracia avanzada que la Constitución quiere para España.