El Cermi manifestó este domingo en un comunicado que la inclusión de la discapacidad en este informe "no es una cuestión accesoria, sino una necesidad estructural", ya que este colectivo está "históricamente expuesto a prejuicios capacitistas y a una violencia que, a menudo, permanece oculta y fuera del foco institucional".

Por ello, considera imprescindible que el documento final de la Subcomisión se refuerce para evitar que la discapacidad ocupe un lugar "residual", puesto que actualmente cuenta con un "déficit claro" porque "la discapacidad no está integrada con la intensidad jurídica y operativa necesaria".

En su opinión, el manejo de categorías generales de vulnerabilidad es "insuficiente" si no se traduce en la eliminación de las barreras específicas que afrontan estas personas al intentar identificar un delito, denunciarlo o acceder a la justicia. "Si las medidas no se formulan con cláusulas expresas de accesibilidad universal (incluida la cognitiva) y apoyos a la comunicación, el sistema seguirá siendo formalmente inclusivo, pero materialmente vedado para las víctimas con discapacidad", subraya su informe.

Para corregir estas carencias, el Cermi plantea cinco ejes fundamentales que pasan por reconocer a las personas con discapacidad como un grupo especialmente expuesto a delitos de odio por su trayectoria histórica de deshumanización; que los dispositivos de denuncia y atención no se "adapten" a posteriori, sino que sean accesibles desde su origen; asegurar apoyos personalizados y salvaguardas para evitar la revictimización durante el proceso judicial; instruir a los operadores jurídicos y policiales para que sepan valorar la memoria traumática y no descarten denuncias por falsas percepciones sobre la credibilidad de las víctimas; y garantizar que el tejido asociativo de la discapacidad forme parte de los mecanismos de coordinación y seguimiento.

El Cermi recuerda a los parlamentarios en su informe que estas demandas cuentan con una "base jurídica robusta", centrada en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, e insiste en que este marco normativo establece de forma precisa que la accesibilidad es "un presupuesto indispensable para el ejercicio de derechos y que cualquier política pública debe abandonar el enfoque de caridad para centrarse exclusivamente en los derechos humanos".

Finalmente, apela al cumplimiento de la normativa europea y estatal (como la Ley General de Discapacidad) y recuerda que el odio hacia este colectivo "se inserta en una genealogía de desprecio que exige un amparo reforzado en las políticas de protección a las víctimas".