Así lo trasladó la plataforma representativa de la discapacidad en las alegaciones presentadas al texto, en las que propone ampliar las garantías de inclusión en los procesos selectivos del personal estatutario y adaptar la futura regulación a los principios recogidos en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Entre sus propuestas, el Cermi planteó que las convocatorias de empleo incorporen garantías más precisas en materia de accesibilidad, provisión de apoyos y realización de ajustes razonables. También solicitó que se publiquen en formatos accesibles, con información en lenguaje claro y una identificación diferenciada de las plazas reservadas para personas con discapacidad.

Asimismo, reclamó reforzar el artículo relativo a la reserva de plazas, incorporando expresamente “la obligación de adaptar las pruebas selectivas, los puestos de trabajo y los entornos laborales cuando sea necesario” para favorecer la máxima inclusión de las personas con discapacidad en los servicios públicos de salud.

La organización justificó estas modificaciones por la experiencia acumulada en los últimos años, durante los que, según indicó, se han detectado “dificultades, situaciones discriminatorias y factores de exclusión que han afectado a aspirantes con discapacidad en distintos procesos selectivos del ámbito sanitario”.

El movimiento social de la discapacidad también propuso revisar la terminología utilizada en la regulación de la excedencia por cuidado de familiares para “adecuarla al enfoque de derechos humanos” de la discapacidad.

En concreto, planteó sustituir la expresión “no pueda valerse por sí mismo” por la fórmula “que precise de apoyos intensos y continuados para su autonomía personal”, al considerar que “refleja mejor los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la redacción vigente del artículo 49 de la Constitución”.