En este contexto, el Cermi defendió que, aprovechando que este mes de abril entra en vigor el nuevo baremo de la discapacidad, aprobado mediante Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, las comunidades autónomas "deben establecer medidas extraordinarias de rebaja de los tiempos de espera, que en algunos territorios superan los dos años de demora".

El nuevo baremo, frente al vigente, permite "acelerar" los procedimientos de calificación de la discapacidad y, a su juicio, "hay que maximizar esa ventaja", pero, además, las comunidades autónomas deben "dedicar más recursos" humanos y materiales para "reforzar" sus servicios de valoración, contratando a más personal y ampliando las estructuras administrativas dedicadas a este cometido.

El "retraso, estructural y sistémico" en la valoración del grado de discapacidad es una de las quejas "más recurrentes" de las personas con discapacidad, que ven cómo estas "demoras generalizadas aplazan o impiden" el disfrute de "muchos" recursos, servicios, prestaciones y beneficios asociados a la obtención del grado de discapacidad, "verdadera puerta de acceso" al marco de apoyos a la discapacidad.