Así lo trasladó el delegado de Derechos Humanos y para la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del Cermi, Gregorio Saravia, durante un desayuno institucional organizado por el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid para analizar la aplicación de la Ley 8/2021 y el papel del facilitador judicial.

Según explicó la plataforma representativa de la discapacidad, esta figura “resulta esencial” para que las personas con discapacidad puedan comprender y participar de forma efectiva en los procedimientos judiciales, eliminando barreras de comunicación y evitando situaciones de indefensión.

Durante su intervención, Saravia recordó que la Ley 8/2021 supuso un “cambio de modelo al adaptar la legislación española” a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, sustituyendo el sistema basado en la sustitución de la voluntad por otro centrado en los apoyos a la toma de decisiones.

En este contexto, señaló que la persona facilitadora “no actúa como representante legal, abogado, intérprete ni perito”, sino que “identifica las dificultades de comprensión, comunicación e interacción con el entorno judicial y propone o aplica los ajustes necesarios” para que la persona con discapacidad pueda entender y ser entendida.

El Cermi recordó que la legislación reconoce el derecho a disponer de apoyos como el lenguaje claro, la lectura fácil, la lengua de signos o los sistemas de apoyo a la comunicación oral, así como la intervención de profesionales especializados cuando resulte necesario.

No obstante, advirtió de que la regulación vigente resulta insuficiente, ya que la figura aparece prevista en distintas normas procesales, pero carece de un desarrollo estatal que determine con claridad sus funciones, requisitos profesionales, procedimiento de designación, financiación y coordinación con jueces, fiscales, abogados y el resto de operadores jurídicos.

Por ello, el movimiento asociativo de la discapacidad reclamó que la persona facilitadora “sea una profesional independiente, neutral y especializada”, que preste sus servicios de forma gratuita para la persona con discapacidad y cuya financiación corresponda al sistema público de Justicia, al tratarse de una garantía procesal.

El encuentro reunió a representantes de la Administración, la Fiscalía, el ámbito judicial, el tercer sector y la psicología para analizar los retos derivados de la aplicación de la Ley 8/2021 y avanzar en propuestas de cooperación institucional.

El Cermi concluyó que consolidar la figura del facilitador judicial es “imprescindible para que el nuevo modelo de apoyos se traduzca en una participación real de las personas con discapacidad” en los procedimientos judiciales y en una garantía efectiva de sus derechos.