Según explicó este jueves el Cermi, ha elaborado un informe, en el que concluye que la vigente regulación sanitaria mantiene todavía elementos incompatibles con el enfoque de derechos humanos de la discapacidad. En concreto, considera que conserva mecanismos de sustitución en la toma de decisiones, carece de una regulación suficiente de los apoyos necesarios para el ejercicio de la autonomía personal y no garantiza de manera efectiva la accesibilidad universal en los procesos asistenciales.

Para el Cermi, la Ley de autonomía del paciente responde en aspectos fundamentales a un paradigma anterior a la Convención de la ONU, basado en concepciones paternalistas y asistencialistas de la discapacidad. Estas han sido superadas por el ordenamiento jurídico español tras la entrada en vigor de la ley que reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que eliminó el sistema de incapacitación y lo sustituyó por un modelo de apoyos respetuoso con la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona.

La entidad de la discapacidad considera “especialmente preocupante” que la normativa vigente siga permitiendo interpretaciones que favorecen la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad en ámbitos tan sensibles como el consentimiento informado, las decisiones clínicas o el acceso a la información sanitaria.

Por ello, el Cermi planteó una reforma profunda del artículo 9 de la ley de autonomía del paciente, relativo al consentimiento informado, para garantizar que ninguna discapacidad pueda justificar por sí misma la sustitución de la voluntad de la persona y para que cualquier intervención sanitaria se base en el respeto efectivo a sus decisiones, contando con los apoyos que precise para formarlas y expresarlas.

Asimismo, la organización pidió el reconocimiento expreso del derecho a decidir con apoyos, incluyendo el acceso a información sanitaria en formatos accesibles, lectura fácil, lengua de signos, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, asistencia para la comprensión de la información clínica y tiempo suficiente para la toma de decisiones.

La propuesta del Cermi también reclamó incorporar obligaciones claras de accesibilidad universal y accesibilidad cognitiva en todo el sistema sanitario, de modo que los procedimientos, documentos, herramientas digitales y canales de comunicación resulten comprensibles y utilizables por todas las personas.

Otro de los aspectos destacados del informe es la necesidad de reforzar las garantías frente a tratamientos involuntarios, internamientos no consentidos, contenciones físicas o químicas y otras prácticas coercitivas, situando el consentimiento libre e informado como principio rector de toda actuación sanitaria.

Además, la entidad abogó por incorporar una perspectiva interseccional que tenga en cuenta los mayores riesgos de vulneración de derechos que afrontan algunos grupos, como las mujeres y niñas con discapacidad, las personas mayores, las personas institucionalizadas, las personas con discapacidad intelectual o psicosocial y aquellas con grandes necesidades de apoyo.

El Cermi también subrayó que la reforma legal debe ir acompañada de un cambio cultural profundo en el ámbito sanitario, mediante la formación obligatoria de los profesionales en derechos humanos, discapacidad y toma de decisiones con apoyos, así como mediante la implantación de protocolos accesibles y mecanismos eficaces de supervisión y rendición de cuentas.

El informe del Cermi también señaló que la adaptación de la ley de autonomía del paciente “no constituye una mera actualización técnica, sino una exigencia derivada de los derechos humanos. Todas las personas con discapacidad deben poder decidir sobre su propia salud en igualdad de condiciones, con los apoyos necesarios.