La propuesta legislativa, impulsada por la Fundación Cermi Mujeres y respaldada en general por todo el movimiento social de la discapacidad, plantea "un sistema integral de reparación basado en los estándares internacionales de derechos humanos". Pilar Villarino recordó ante esta sesión de la Comisión de Políticas Integrales de Discapacidad de la Cámara Alta, seguida por Servimedia, que hasta diciembre de 2020, el Código Penal permitió que "un juez autorizara la esterilización de mujeres con discapacidad incapacitadas judicialmente, suplantando su voluntad bajo el pretexto de un supuesto interés superior.

Según datos fragmentarios del Consejo General del Poder Judicial citados por Villarino, "más de un millar de mujeres y niñas con discapacidad fueron esterilizadas por decisión judicial entre 2005 y 2016", aunque la cifra real podría ser mayor debido a la falta de registros completos. "La práctica se justificó bajo razones médicas, bajo la idea de protegerlas contra abusos sexuales o, directamente, bajo la creencia social de que no debían tener descendencia", señaló.

Villarino explicó a los representantes de los diferentes grupos parlamentarios que el Estado mantiene con estas personas "una deuda pendiente que ya no puede demorarse más" la restitución y reparación del daño causado, en la medida de lo que sea posible.

Esta propuesta de 'Ley de Reconocimiento a las víctimas de esterilización' establece cinco pilares: "reconocimiento, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición". En cuanto al reconocimiento, propone declarar "nulos de pleno derecho los procedimientos judiciales que autorizaron estas esterilizaciones". "Queremos que el Estado reconozca que aquello fue una violación de derechos humanos y que nunca debió ocurrir", afirmó la directora ejecutiva.

El segundo pilar es una indemnización de 30.000 euros para cada víctima, exenta de tributación y estrictamente personal. "Ese dinero debe ser únicamente para la mujer afectada, no para terceros que, en ocasiones, pudieron influir en la decisión", subrayó. Añadió que "la cuantía no pretende compensar un daño irreparable", sino cumplir con un estándar internacional de reparación económica.

REHABILITACIÓN Y RESTITUCIÓN

El texto incluye también medidas de rehabilitación, como atención médica, psicológica, jurídica y social; y, cuando sea posible, cirugía reparadora. "Si la restitución física no es viable, debemos garantizar alternativas de apoyo y acompañamiento. No podemos permitir que vuelvan a quedar solas", dijo Villarino.

Asimismo, insistió en que la accesibilidad en los servicios sanitarios sigue siendo una asignatura pendiente. "Todavía encontramos centros donde una mujer usuaria de silla de ruedas no puede acceder a un servicio básico de obstetricia. La accesibilidad es el primer paso para que el resto de derechos se cumplan", afirmó.

Villarino recordó también a los senadores que algunas esterilizaciones no consentidas se practicaron aprovechando intervenciones médicas. "Sabemos de ligaduras de trompas realizadas durante cesáreas, sin consentimiento. Esto sucede cuando no se reconoce la voluntad de la mujer con discapacidad", denunció.

PERDÓN PÚBLICO

El texto propone que la futura ley contemple la celebración de "un acto oficial de perdón público y la creación de un memorial". "Necesitamos que el Estado mire a los ojos a estas mujeres y les diga: 'Fallamos, no os protegimos'. Esta reparación es simbólica pero es imprescindible", añadió.

Villarino sostuvo que la ley tendría "un efecto pedagógico y disuasorio", reforzando el cambio de paradigma que supuso la modificación del artículo 49 de la Constitución. "La esterilización forzada es una práctica que nunca volverá a ser tolerada en un Estado que se toma en serio los derechos humanos", afirmó.

Informó además al Senado de que los ministerios de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales ya se han mostrado receptivos a la propuesta. "La discapacidad genera amplios consensos; esta es una oportunidad real de avanzar", concluyó Villarino.

APOYO PARLAMENTARIO GARANTIZADO

Todos los grupos parlamentarios presentes en la comisión mostraron su respaldo a la iniciativa del movimiento Cermi. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) subrayó que "muchas esterilizaciones se produjeron en el entorno familiar, facilitando situaciones de abuso". Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bildu calificaron la propuesta como "coherente y necesaria". El Grupo Socialista reiteró su apoyo e insistió en que la reparación debe ir acompañada de medidas que ayuden a "hacer más llevadero" el sufrimiento de las víctimas.

Por su parte, el Grupo Popular solicitó datos más precisos sobre el número total de mujeres afectadas y sobre las garantías para evitar que esta práctica vuelva a producirse. Villarino respondió que la Fundación Cermi Mujeres continúa analizando los boletines judiciales disponibles, aunque reconoció que existen "lagunas estadísticas significativas" y que esta ley es un primer paso para concienciar a la sociedad e impedir que las esterilizaciones se puedan seguir produciendo, en cualquier ámbito.

Villarino cerró su intervención con un mensaje directo a los senadores: "Esta propuesta no es solo un texto jurídico; es un grito de dignidad". Recordó que muchas mujeres afectadas superan ya los 50 años y que algunas han fallecido sin haber recibido ningún tipo de reparación. "El Estado tiene una deuda. Esta ley es la herramienta para saldarla", concluyó.