Según explicó el Cermi, en sus observaciones a la propuesta de Reglamento Delegado presentada por la Comisión Europea, valoró de forma positiva que se mantengan elementos esenciales de la dimensión social de la sostenibilidad, especialmente los relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad, entre ellos el requisito específico de divulgación S1-11 ‘Personas con discapacidad’.

No obstante, el Cermi avisó de que la simplificación propuesta supone una pérdida de referencias expresas a la accesibilidad que sí figuraban en la versión original de los ESRS aprobada en 2023. Estas referencias, recogidas en apéndices y ejemplos prácticos ahora eliminados, contribuían a orientar a las empresas sobre cómo integrar la accesibilidad en ámbitos como el empleo, los productos y los servicios.

La entidad considera especialmente preocupante esta supresión por su falta de coherencia con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por la UE y todos sus Estados miembros, así como con la Directiva Europea de Accesibilidad, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Por ello, el Cermi pidió a Europa que reincorpore referencias específicas a la accesibilidad dentro de los estándares de sostenibilidad y garantice que todo el contenido relacionado con la discapacidad permanezca plenamente integrado en el marco regulatorio definitivo.

Asimismo, recordó que la publicación ‘Inclusive Reporting: A Business Guide to Disability and the European Sustainability Reporting Standards’ documenta de detalladamente los contenidos sobre discapacidad presentes en los ESRS originales, incluyendo referencias a la accesibilidad que han desaparecido en la propuesta simplificada.

El Cermi también expresó su preocupación por los efectos que los períodos transitorios previstos para determinadas obligaciones informativas pueden tener sobre la comparabilidad y consistencia de los datos sociales. En particular, considera “injustificado” que las empresas emitan durante el primer año la información correspondiente al indicador S1-11 relativo a las personas con discapacidad.

En este sentido, el Cermi citó el estudio ‘Disability Disclosure Under the CSRD: Benchmarking the First Wave of Sustainability Reports. 100-Company Snapshot of Disability Reporting in 2025’, publicado en octubre de 2025 y que analizó cien empresas de quince países y veinticinco sectores económicos.

Entre sus conclusiones destaca que el 41% de las compañías ya informaba sobre el porcentaje de trabajadores con discapacidad y que las que reportaban estos datos tenían una mayor tendencia a establecer políticas, actuaciones y objetivos concretos en materia de inclusión.

Para el Cermi, permitir que las empresas dejen temporalmente de informar sobre discapacidad podría ralentizar la aplicación efectiva de las obligaciones derivadas de la CSRD e incluso provocar que compañías que ya ofrecen esta información dejen de hacerlo durante el período transitorio.

Por todo ello, el Cermi instó a la Comisión Europea a asegurar la máxima alineación entre los ESRS simplificados y la CSRD, reforzando aspectos como la inclusión laboral de las personas con discapacidad, la diversidad en los órganos de gobierno corporativo, la accesibilidad universal y la plena aplicación de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el sistema europeo de información sobre sostenibilidad.

La entidad subrayó que una economía verdaderamente sostenible exige que las personas con discapacidad sean visibles en los procesos de información corporativa y en las estrategias empresariales de sostenibilidad, contribuyendo así a construir sociedades más inclusivas, equitativas y resilientes.