El estudio, realizado por encargo y bajo las directrices del Cermi Estatal por la Fundación Derecho y Discapacidad, con autoría de la doctora en Derecho Gloria Álvarez Ramírez, analiza la dimensión social, jurídica y funcional de la electrodependencia y formula propuestas de regulación y de política pública.

El informe pone de relieve que la electrodependencia no puede circunscribirse a las personas cuya vida depende directamente de equipos médicos eléctricos. También afecta a personas con discapacidad que necesitan de forma continuada dispositivos eléctricos para su movilidad, comunicación, seguridad, autonomía doméstica, rehabilitación, trabajo o participación social. Una interrupción del suministro puede significar, en estos casos, “pérdida de autonomía, aislamiento, riesgo para la seguridad y restricciones en el ejercicio de derechos fundamentales”.

El estudio constata, además, una importante carencia de reconocimiento y protección normativa. En España no existe todavía una definición legal específica de electrodependencia ni estadísticas oficiales que permitan “conocer cuántas personas se encuentran en esta situación, dónde viven, cuáles son sus necesidades o qué grado de criticidad presenta su dependencia energética”. Los registros existentes son “fragmentarios” y “voluntarios”, circunstancia que “dificulta la identificación, localización y asistencia de estas personas” durante las emergencias.

El apagón eléctrico del 28 de abril de 2025 constituye, para el estudio, “un ejemplo especialmente revelador de esta vulnerabilidad”. Las personas con discapacidad electrodependientes se vieron expuestas no solo a los riesgos derivados de la interrupción de dispositivos médicos y tecnológicos, sino también a “la ausencia de protocolos específicos, sistemas de respaldo, información accesible y mecanismos de atención prioritaria”. El informe advierte de que factores como la pobreza energética, la edad, el género o la residencia en zonas rurales pueden “multiplicar estos riesgos”.

El estudio reclama “superar una visión exclusivamente sanitaria” del fenómeno y situarlo en “el ámbito de los derechos humanos”, entendiendo la electricidad como “un recurso habilitante para la autonomía personal, la seguridad, la igualdad, la participación social y una vida digna”.