Así se puso de manifiesto durante un diálogo organizado por la agencia de noticias Servimedia con motivo del quinto aniversario de la Ley 8/2021, promovido junto al Consejo General del Notariado y la Fundación Aequitas, en el que participaron la presidenta del Consejo General del Notariado y de la Fundación Aequitas, Concepción Barrio del Olmo; el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno; la coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz; la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez; y la fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra.

La norma supuso, según coincidieron los participantes, un “cambio de paradigma” al pasar de un modelo basado en la sustitución de la voluntad de las personas con discapacidad a otro centrado en el respeto a sus decisiones, voluntad y preferencias, con los apoyos y salvaguardas necesarios para que puedan ejercer sus derechos.

Barrio del Olmo destacó que durante estos cinco años se ha producido un “avance importante” y puso en valor el “esfuerzo realizado por los operadores jurídicos” para formarse en la nueva normativa. En el ámbito notarial, señaló que cada vez se adoptan más medidas voluntarias de apoyo, favorecidas tanto por la información proporcionada en las notarías como por un mayor conocimiento general de la reforma.

No obstante, advirtió de que todavía persisten “sesgos” y “prejuicios” hacia las personas con discapacidad, tanto en el ámbito de la justicia como en el conjunto de la sociedad, y subrayó que los retos actuales pasan también por “garantizar la accesibilidad ante el desarrollo de las nuevas tecnologías”.

Por su parte, Pérez Bueno calificó la Ley 8/2021 de “ley capital” y defendió que España puede sentirse “orgullosa” de haber aprobado una norma que ha tenido trascendencia internacional y que ha servido de referencia para otros países en la aplicación del artículo 12 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, recalcó que la aprobación de la ley no suponía el final del proceso, sino el inicio de su despliegue. “Lo más difícil está en el despliegue, en la aplicación”, afirmó, al tiempo que señaló que la transformación requiere tiempo y una progresiva interiorización del nuevo modelo por parte de las propias personas con discapacidad, sus familias, las organizaciones y los operadores jurídicos.

En este sentido, Pérez Bueno apuntó que se han detectado dificultades en la aplicación de la reforma, entre ellas los llamados “daños colaterales” en ámbitos como la Seguridad Social o la fiscalidad, y consideró necesario corregir estos efectos. También señaló que la ley pretendía avanzar en la desjudicialización de la provisión de apoyos, pero que “todavía persiste una cultura según la cual muchas cuestiones continúan pasando por los juzgados”.

A su juicio, esta situación se ve agravada por la falta de recursos de la Administración de Justicia. “Llevar una ley con estos contenidos materiales jurídicos, de toma de conciencia, de cambio de modelo en un ámbito tan paupérrimo como el de la justicia” resulta especialmente difícil, afirmó, aunque defendió que “se está avanzando”.

TODOS LOS PROCEDIMIENTOS

La coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz, puso el foco en la distancia que todavía existe entre el contenido de la ley y su aplicación efectiva. A este respecto, explicó que el Observatorio de Jurisprudencia sobre Sistemas de Apoyo al Ejercicio de la Capacidad Jurídica, impulsado por Plena inclusión y la Universidad Carlos III de Madrid, ha permitido detectar algunas de estas dificultades.

Entre ellas, destacó que solo en el 1,7% de los casos analizados “se realizan ajustes de procedimiento”, algo que consideró “un indicador clarísimo de que la reforma no está llegando” plenamente a la práctica. También señaló que los informes sociales y médicos se solicitan únicamente en torno al 14% de los casos estudiados.

De Araoz alertó además de que en muchas sentencias y resoluciones “no se justifica suficientemente por qué se establecen determinadas medidas de apoyo”, lo que dificulta comprobar si estas son realmente proporcionales a las necesidades de cada persona.

Asimismo, señaló que tampoco se está trasladando siempre a curadores y guardadores de hecho “cuáles son sus obligaciones conforme al nuevo modelo”, que ya no permite sustituir a la persona, sino que exige tener en cuenta su voluntad y favorecer que necesite cada vez menos apoyos.

Por ello, reclamó que los procedimientos judiciales se conviertan en “verdaderos procesos” en los que la persona participe y en los que los apoyos se ajusten de manera proporcional a sus necesidades, para que posteriormente ese cambio se traslade también a su vida cotidiana.

La coordinadora del Departamento Jurídico de Plena inclusión, Inés de Araoz, y la directora de Alianzas y Relaciones Internacionales de Fundación ONCE, Lourdes Márquez durante un momento del diálogo | Foto de Jorge Villa

DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS A LOS EJERCIDOS

Desde Fundación ONCE, Lourdes Márquez coincidió en que la ley ha supuesto “un hito trascendental” y destacó que refleja el cambio de modelo impulsado por la Convención, desde la sustitución hacia un sistema centrado en la voluntad de la persona y en unos apoyos individualizados.

A su juicio, uno de los principales retos consiste ahora en pasar “de esos derechos reconocidos a esos derechos ejercidos”, para lo que consideró fundamental la accesibilidad universal. También puso en valor la colaboración entre los operadores jurídicos y el movimiento asociativo de la discapacidad, pero reclamó “ampliar estas alianzas a otros sectores de la sociedad”, como las administraciones, las universidades, las entidades de apoyo a la toma de decisiones y las entidades financieras.

Márquez defendió que el cambio debe ser cultural y afectar al conjunto de la sociedad, de manera que la accesibilidad no se considere un elemento complementario, sino que se sitúe “en el centro” de las políticas y servicios.

En esta línea, reclamó mantener el compromiso durante los próximos cinco años y evitar cualquier retroceso. “No nos relajemos, que no vayamos a dar marcha atrás en lo ya avanzado”, afirmó, al tiempo que pidió preparar una agenda normativa para corregir los aspectos de la ley que no han funcionado adecuadamente, especialmente los relacionados con los efectos fiscales y de Seguridad Social.

JUZGADOS ESPECIALIZADOS

La fiscal de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía General del Estado, María José Segarra, destacó que la reforma ha obligado a los operadores jurídicos a formarse y a cambiar su manera de entender la discapacidad, situando en el centro la dignidad y la voluntad de la persona.

Según explicó, los jueces, fiscales, abogados, notarios y demás profesionales jurídicos tienen además la responsabilidad de garantizar que “la voluntad de las personas se forme y exprese libremente”, sin abusos ni interferencias de terceros.

Segarra consideró acertado que la reforma sustituyera los procedimientos de incapacitación por procesos dirigidos a determinar los apoyos que necesita cada persona. En este sentido, señaló que únicamente en el 3% de los procedimientos de jurisdicción voluntaria analizados “la persona se opone frontalmente a cualquier medida de apoyo”, lo que, a su juicio, indica que en el ámbito judicial se está consiguiendo “un diseño de apoyos próximo a la voluntad de las personas”.

También destacó como un logro el proceso de revisión de las antiguas sentencias de incapacitación para adaptarlas al nuevo modelo, aunque advirtió de que “todavía existen importantes carencias para hacer plenamente accesible la justicia”.

Entre ellas, citó la falta de facilitadores procesales en todos los territorios, la necesidad de contar con órganos judiciales especializados en derechos de las personas en todas las comunidades y no únicamente en las capitales de provincia, y la insuficiencia de equipos multidisciplinares que ayuden a diseñar las medidas de apoyo.

La fiscal también reclamó más medios para garantizar la presencia del Ministerio Fiscal en las entrevistas con las personas con discapacidad y concluyó que todavía existe “un camino por recorrer” para lograr una justicia plenamente accesible.

CONSOLIDAR EL CAMBIO

Los participantes coincidieron finalmente en que los próximos años deben servir para consolidar el cambio de modelo y garantizar que la reforma no quede limitada al ámbito jurídico.

En este sentido, Barrio del Olmo defendió que es necesario “continuar eliminando prejuicios” y avanzar hacia “una accesibilidad general”; Pérez Bueno reclamó que los derechos “no dependan exclusivamente de la existencia de recursos”; De Araoz insistió en que las personas “deben participar realmente en los procesos que les afectan”; Márquez pidió mantener el compromiso y “evitar retrocesos”, y Segarra reclamó “más medios” para hacer efectiva la accesibilidad de la justicia.

El objetivo, resumió Márquez, pasa por cambiar la pregunta: no se trata de determinar “quién puede decidir mejor por esta persona”, sino de preguntarse “qué apoyo puede necesitar esta persona para que su voluntad sea una realidad”.