El Cermi señaló este jueves que el objetivo de estas aportaciones es fortalecer el FGA como "instrumento efectivo de cogobernanza y participación ciudadana inclusiva en línea con los parámetros del V Plan de Gobierno Abierto 2025-2029". Asimismo, indicó que este comité "considera positiva" la iniciativa normativa impulsada por el Gobierno para renovar el FGA e "imprescindible dotarlo de un marco jurídico más sólido mediante un real decreto" que supere su actual configuración como órgano colegiado regulado por orden ministerial.

Esta actualización "permitiría garantizar su estabilidad, legitimidad institucional y carácter obligatorio como espacio permanente de participación". El FGA es un espacio institucional de participación en el que administraciones públicas y sociedad civil (ONG, asociaciones, sindicatos, entidades como el Cermi, universidades, etc.) dialogan y hacen propuestas para mejorar cómo se gobierna el Estado.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL

Entre las medidas propuestas, el Cermi subrayó la necesidad de "incorporar de forma transversal el enfoque de derechos humanos, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y al nuevo artículo 49 de la Constitución Española". Asimismo, reclamó que la accesibilidad universal "sea un mandato legal del Foro, asegurando información inclusiva, participación omnicanal, provisión de apoyos y ajustes razonables; así como supervisión permanente de los servicios de accesibilidad".

Las aportaciones del Cermi también "insisten en reforzar el principio de diálogo civil, manteniendo y ampliando la presencia del movimiento asociativo de la discapacidad a través del Cermi en la composición del FGA. Propuso "la creación de un grupo de trabajo permanente sobre 'Gobierno Abierto e Inclusión' y el fortalecimiento de la gobernanza inclusiva, con especial atención a la perspectiva interseccional de género y discapacidad".

Con vistas en el futuro, el Cermi plantea entre sus aportaciones "mecanismos más exigentes de transparencia y rendición de cuentas, como la planificación anual obligatoria de las sesiones, la publicación accesible de actas y acuerdos, y la elaboración de informes anuales con datos separados y diferenciados por sexo, edad y discapacidad". También defiende "una digitalización inclusiva del foro, que aproveche la tecnología y la inteligencia artificial (IA) sin generar nuevas barreras, garantizando siempre canales alternativos para combatir la brecha digital".

Por último, el Cermi considera "que una regulación ambiciosa del FGA es una oportunidad estratégica para avanzar hacia una gobernanza verdaderamente inclusiva, en la que las personas con discapacidad participen en igualdad de condiciones en los asuntos públicos, como una cuestión de derechos humanos y de calidad democrática".