El Cermi demanda que “en ningún caso se pueda exigir por las administraciones públicas la participación en el coste, total o parcial, de los servicios y prestaciones que se reciban”.

Esta es una de las enmiendas que efectuó esta entidad al ‘Anteproyecto de Ley de Regulación del Acceso en Igualdad a los Servicios Sociales’, cuyo trámite de audiencia el pasado viernes.

Esta sería la primera Ley de Servicios Sociales de ámbito estatal, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que se sumaría a las respectivas leyes autonómicas en la materia.

Aparte de la proscripción del copago, el Cermi propone la creación de un Fondo Estatal de Solidaridad Social dotado con 3.000 millones de euros iniciales para la activación y despliegue de la Ley. También plantea la declaración del Tercer Sector de Acción Social como agente operador del sistema público de servicios sociales y la regulación de un Consejo Estatal de Servicios Sociales, con presencia asegurada de la sociedad civil organizada.