A partir de la información proporcionada por los Cermi autonómicos, el Cermi estatal ha confeccionado un documento global con ejemplos representativos de servicios públicos, dependientes de la AGE y situados o prestados en las distintas comunidades y ciudades autónomas, en los que se incumple la normativa de accesibilidad universal y se vulneran, por tanto, los derechos de las personas con discapacidad.

Aparte de denunciar los casos concretos, pidiendo su investigación, solución y sanción, con esta acción se pretende mantener vigilante y activa la conciencia de la accesibilidad universal y de la grave responsabilidad que tienen las autoridades públicas en el cumplimiento de las leyes que protegen los derechos de las personas con discapacidad.

Además de ante el Defensor del Pueblo y la Oadis, estas 56 denuncias, que abarcan ámbitos como la edificación y el urbanismo, los medios audiovisuales, los entornos digitales y la atención a la ciudadanía, entre otros, se han presentado también a los portavoces de discapacidad del Congreso y del Senado para que insten iniciativas parlamentarias en favor de la accesibilidad universal.