El presidente del Cermi Estatal, Luis Cayo Pérez Bueno, realizó esta reivindicación durante la inauguración del XX Congreso de Cermis Autonómicos, celebrado en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas de Gran Canaria bajo el lema ‘La dimensión territorial de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Balance de dos décadas (2006-2026) de vigencia’.

Pérez Bueno defendió que “los derechos humanos no se pueden solo declarar, tienen que ser efectivos” y señaló que la distancia entre el reconocimiento normativo y su aplicación práctica continúa siendo “uno de los principales déficits de las políticas públicas”. Esta brecha, añadió, genera “frustración entre las personas con discapacidad y sus familias” cuando, pese a tener reconocidos sus derechos, “no disponen de los apoyos necesarios para ejercerlos”.

El presidente del Cermi Estatal también reivindicó “el papel transformador de la Convención de Naciones Unidas y del movimiento asociativo de la discapacidad”, al que atribuyó avances legislativos, políticos y sociales fruto de la acción colectiva y de la interlocución con las instituciones.

LA INSULARIDAD, UN FACTOR QUE DEBE TENERSE EN CUENTA

La presidenta del Cermi Canarias, Carmen Laucirica, destacó que la celebración del congreso coincide con el vigésimo aniversario de la Convención y permite compartir experiencias y analizar las particularidades de cada territorio. “España es muy diversa”, recordó, al reclamar “atención a las dificultades específicas de Canarias”, marcadas por la ultraperiferia y la doble insularidad.

En la misma línea, Pérez Bueno defendió que estas circunstancias “deben tenerse en cuenta en las decisiones públicas” mediante medidas de acción positiva, para evitar que se conviertan en “factores de discriminación” y garantizar la inclusión en todas las islas.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, encargado de inaugurar oficialmente el encuentro, agradeció al movimiento asociativo su contribución a la transformación de las instituciones y destacó la creación de una Dirección General específica de Discapacidad en el Ejecutivo autonómico, en respuesta a una demanda de las organizaciones sociales.

Clavijo reconoció las dificultades de gestionar estas políticas en un territorio “ultraperiférico, alejado y fragmentado” y defendió la cooperación entre administraciones. “La discapacidad no tiene color político”, afirmó, al reclamar un compromiso compartido para evitar retrocesos en derechos.

Por su parte, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad del Gobierno de España, Jesús Martín Blanco, recordó que las obligaciones derivadas de la Convención vinculan a todas las administraciones públicas, desde el Gobierno central hasta las comunidades autónomas, los cabildos y los ayuntamientos.

“El Estado no es el Gobierno de España. El Estado somos todos los poderes públicos y todas las administraciones en todos sus niveles”, señaló, al reclamar que las normas, los presupuestos y las actuaciones públicas se ajusten a los mandatos internacionales en materia de derechos humanos.

Martín Blanco rechazó los enfoques asistencialistas y defendió una ciudadanía basada en la igualdad, el respeto y los apoyos necesarios para ejercer la autonomía personal. “No queremos condescendencia, queremos respeto”, subrayó, al presentar la Convención como la “brújula” que debe orientar las políticas públicas.

RECURSOS, ACCESIBILIDAD Y PARTICIPACIÓN

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, advirtió de que las leyes no transforman por sí solas la realidad si no van acompañadas de voluntad política, recursos públicos y administraciones comprometidas con su aplicación.

Morales señaló como una asignatura pendiente la aprobación de una legislación canaria específica que garantice los derechos de las personas con discapacidad, de manera que su ejercicio no dependa de la situación económica de sus familias ni de la administración responsable.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, sostuvo que el reconocimiento de los derechos debe medirse por “sus efectos en la vida cotidiana”, desde la posibilidad de desplazarse y acceder a la educación y al empleo hasta comprender las comunicaciones administrativas o decidir dónde y con quién vivir.

“Una ciudad accesible amplía las posibilidades de vivir con autonomía y vivir mejor”, afirmó. Darias reclamó incorporar la accesibilidad desde el inicio a la planificación urbana, los servicios públicos, la cultura y los entornos digitales, además de garantizar la participación directa de las personas con discapacidad en las decisiones que les afectan, con especial atención a las mujeres y las personas jóvenes.

El XX Congreso de Cermis Autonómicos continuará con sesiones sobre legislación y políticas públicas canarias, acceso a la justicia, el nuevo artículo 49 de la Constitución, el balance territorial de la Convención y los desafíos de los territorios ultraperiféricos.