La organización trasladó esta petición al Instituto Nacional de Estadística (INE) en el marco de la consulta pública previa abierta por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa sobre el anteproyecto de modificación de la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública.

En sus aportaciones, el Cermi advirtió de que la situación actual presenta “un déficit estructural incompatible” con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas debido a la escasa presencia de esta variable en las principales operaciones estadísticas del Estado.

La plataforma representativa de la discapacidad denunció que la discapacidad sigue sin figurar como criterio transversal de desagregación en buena parte del Plan Estadístico Nacional y defendió que todas las estadísticas públicas incluyan de forma sistemática datos desglosados por discapacidad, sexo y edad.

Para ello, reclamó la aplicación de estándares internacionales como el conjunto breve de preguntas del Grupo de Washington sobre Estadísticas de Discapacidad, utilizado en numerosos países para identificar y medir situaciones de discapacidad en las encuestas oficiales.

El Cermi sostuvo que “sin datos adecuados, desagregados y accesibles, los poderes públicos carecen del conocimiento necesario para formular políticas eficaces, evaluar su impacto y rendir cuentas”, por lo que consideró que la invisibilidad estadística constituye “una barrera estructural para la inclusión social”.

Entre las propuestas remitidas al INE figura también la creación de un programa estadístico específico sobre discapacidad dentro del Plan Estadístico Nacional, con medidas dirigidas a reforzar el conocimiento sobre la realidad social de este colectivo.

En concreto, la entidad propone reducir la periodicidad de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD), incorporar indicadores anuales sobre empleo, educación inclusiva, accesibilidad, salud o vivienda, y aprovechar la Base Estatal de Datos de Personas con Valoración del Grado de Discapacidad.

Asimismo, el Cermi reclamó que todas las publicaciones estadísticas oficiales sean plenamente accesibles mediante lectura fácil, lengua de signos española, subtitulado, audiodescripción y adaptación a los estándares internacionales de accesibilidad web.

La organización también pidió contar con representación directa en el Consejo Superior de Estadística, órgano consultivo del sistema estadístico estatal, en línea con el nuevo artículo 49 de la Constitución y con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En materia de protección de datos, el Cermi subrayó que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) no puede utilizarse “como argumento genérico” para impedir estadísticas desagregadas sobre discapacidad, y recordó que la normativa europea permite este tratamiento con fines estadísticos siempre que existan garantías adecuadas de anonimización y secreto estadístico.

Finalmente, la plataforma expresó su disposición a colaborar con las administraciones públicas en la reforma legislativa para convertir la función estadística pública “en un verdadero instrumento al servicio de los derechos, la igualdad y la inclusión social de las personas con discapacidad”.