La entidad explicó este viernes que recibió una comunicación del Defensor del Pueblo en la que confirma que “mantiene actuaciones de seguimiento” sobre esta cuestión tras las quejas presentadas por el propio Cermi y la Fundación Derecho y Discapacidad (FDyD).

En su respuesta, fechada el 3 de noviembre, el Defensor del Pueblo informa de las gestiones iniciadas ante el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Conferencia General de Política Universitaria, para conocer cómo se aplica esta obligación en el conjunto del sistema universitario público.

La actuación se produce después de que la Secretaría General de Universidades reconociera, en un informe remitido en diciembre de 2025, que “no existe información sistematizada ni un registro centralizado sobre el grado de cumplimiento de la reserva de plazas” para personas con discapacidad en las convocatorias de profesorado.

El departamento ministerial atribuyó esta ausencia de datos a “la autonomía de las universidades para organizar sus procesos selectivos y a la inexistencia de una obligación legal de remitir periódicamente esta información”. Sin embargo, recordó que las universidades públicas están sujetas al artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, que establece una reserva de al menos el 7% de las vacantes para personas con discapacidad en el acceso al empleo público.

El informe también señala que las comunidades autónomas comparten la responsabilidad de garantizar la aplicación de esta reserva en las convocatorias universitarias de sus respectivos territorios.

Ante esta situación, la Secretaría General de Universidades anunció que trasladará la cuestión a la Conferencia General de Política Universitaria y al Consejo de Universidades para analizar el grado de aplicación de la normativa y promover medidas de coordinación. También prevé consultar a las comunidades autónomas sobre las instrucciones que hayan establecido para asegurar el cumplimiento de los cupos.

El Defensor del Pueblo, por su parte, comunicó al Cermi que continúa solicitando información y que le trasladará las novedades cuando reciba las respuestas pendientes.

La entidad consideró que la falta de datos centralizados pone de manifiesto la necesidad de “reforzar el seguimiento, la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema universitario público”. Asimismo, insistió en que “la autonomía universitaria debe respetar las obligaciones legales de igualdad de oportunidades y no discriminación”, y reclamó medidas que permitan comprobar la aplicación efectiva de la reserva y corregir posibles incumplimientos.