Para el Cermi, "no se entiende que se hable de avanzar en políticas y legislaciones de vivienda social si se excluye la accesibilidad universal, que debería ser objetivo básico, junto con el fomento del arrendamiento en condiciones asequibles y evitar los desahucios sin alternativa habitacional".

"La ausencia de accesibilidad en los edificios de viviendas a los que se aplica la Ley de Propiedad Horizontal es un mal crónico, según la plataforma de la discapacidad. Esta normativa preconstitucional tiene recluidas a más de 100.000 personas con discapacidad y mayores en sus hogares, sin posibilidad de salir y entrar a su vivienda con normalidad", protestó el comité este lunes en un comunicado.

Para solventar esta "situación infame", el Cermi resaltó que es necesario "reformar con urgencia" la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que establezca "como obligatorias y con cargo a la comunidad las obras y actuaciones de accesibilidad allí donde vivan personas con discapacidad y mayores de 70 años".

Esta nueva regulación legal, según el Cermi, debe venir acompañada de "potentes líneas de ayudas públicas" para que las comunidades de propietarios con menos recursos acometan estas obras y actuaciones de accesibilidad "sin forzar a los vecinos más modestos a realizar aportaciones exorbitantes".