Así se desprende de un informe del Cermi sobre la violencia por motivos de discapacidad en el medio escolar, que también concluye que la protección de los niños y adolescentes con discapacidad frente a la violencia en este ámbito sigue siendo insuficiente pese a los avances legislativos introducidos en los últimos años.

El estudio ha sido realizado por la Cátedra de los Derechos del Niño de la Universidad Pontificia Comillas, bajo la dirección del Cermi y por encargo de esta entidad. El informe advierte de que los alumnos con discapacidad continúan afrontando una mayor exposición al abuso y al acoso, mientras persisten carencias en los mecanismos de prevención, detección y denuncia.

Otras conclusiones del informe son la ausencia de criterios estatales que garanticen la accesibilidad de los procedimientos de protección y denuncia, así como una aplicación desigual de las medidas previstas en las distintas comunidades autónomas.

Además, alerta de déficits en la formación especializada de docentes y coordinadores de bienestar, una coordinación insuficiente entre los sistemas educativo, sanitario y social, y la carencia de datos estadísticos que permitan medir la verdadera magnitud del problema.

VIOLENCIA DIGITAL

El Cermi pone también el foco en la situación de las niñas y adolescentes con discapacidad, que según el informe presentan un mayor riesgo de sufrir violencia sexual y de género. También alerta de formas de violencia vinculadas al entorno digital, como el ciberacoso. Además, reclama que el uso de la inteligencia artificial en los centros educativos respete la accesibilidad, la privacidad y la no discriminación.

El Cermi concluye que la violencia contra la infancia con discapacidad "no puede quedar limitada a declaraciones generales de protección" y reclama respuestas específicas que garanticen que los mecanismos de prevención, detección, denuncia, protección y reparación sean "accesibles y eficaces". Asimismo, defiende que los centros educativos deben convertirse en entornos "seguros, inclusivos y libres de cualquier forma de violencia, discriminación o acoso por motivos de discapacidad".

PROTOCOLOS ESPECÍFICOS

Como respuesta a las deficiencias identificadas, el informe también formula diez recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas. Entre ellas figuran la revisión normativa de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi) y la aprobación de protocolos específicos por tipo de discapacidad.

También propone la formación obligatoria de los profesionales, la accesibilidad universal de los canales de denuncia y la creación de un sistema unificado de datos sobre violencia contra menores.

Igualmente reclama mecanismos reforzados de coordinación institucional, vigilancia independiente de los centros y una estrategia nacional de desinstitucionalización de la infancia con discapacidad.