Esta actualización automática de los contratos y conciertos públicos a las condiciones vigentes del mercado de trabajo abarcaría tanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como al resto de retribuciones laborales sometidas a la negociación colectiva.

El Cermi explicó que con esta regulación se evitaría “el grave impacto que en la sostenibilidad y en el empleo de las entidades y empresas de iniciativa social no lucrativa tienen disposiciones normativas de incremento salarial procedentes del poder público, como es el caso del SMI, cuando la propia administración no asume en sus contratos y conciertos los efectos de sus decisiones políticas”.

Señaló que "las administraciones y las políticas públicas han de ser coherentes con los objetivos de interés general que persiguen, y han de aplicar en sus esferas de gestión, dando ejemplo, la actualización retributiva de los servicios y prestaciones objeto de licitación pública o concierto social".