El Cermi promovió a lo largo de 2025 cinco estudios e investigaciones orientados a ampliar la base de conocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad y a "reforzar la defensa de sus derechos desde un enfoque de derechos humanos, igualdad y accesibilidad universal", según recoge el balance anual de trabajos impulsados por la entidad recién presentado.

Entre los informes más relevantes figura el estudio monográfico sobre 'Los discursos y los delitos de odio hacia las personas con discapacidad', firmado por el delegado del Cermi Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Gregorio Saravia, que alerta de "una elevada infradenuncia y del peso del 'capacitismo' como causa estructural de la violencia y el menosprecio hacia este colectivo". El trabajo subraya la "especial vulnerabilidad de mujeres y menores con discapacidad" y reclama "reformas legales, formación especializada para las fuerzas de seguridad y ajustes de procedimiento que garanticen el acceso efectivo a la justicia". En base a este estudio el Cermi concluyó que "el odio hacia la discapacidad es una violación directa de los derechos humanos que requiere una política criminal firme y una transformación cultural que erradique los prejuicios sobre la valía de las personas".

Otro de los ejes centrales de trabajo del año fue la acción inclusiva en situaciones de crisis y catástrofes. La guía sobre gestión de emergencias desde un enfoque de derechos humanos pone de relieve "la falta de adaptación de los sistemas de protección civil a las necesidades reales de las personas con discapacidad" y propone "incorporar el enfoque basado en necesidades funcionales, mejorar la comunicación accesible y aprovechar los procesos de reconstrucción para avanzar en accesibilidad universal". "La gestión inclusiva de emergencias no consiste en crear 'sistemas paralelos', sino en diseñar protocolos universales que contemplen la diversidad humana como norma y no como excepción", concluyó el Cermi.

En el ámbito del conocimiento estadístico, el Cermi impulsó un informe técnico sobre el potencial de la Base Estatal de Datos de Personas con Discapacidad, que identifica carencias en la calidad, explotación y difusión de la información disponible. El documento plantea "modernizar esta herramienta, integrarla de forma estable en el sistema estadístico oficial y facilitar el acceso a datos abiertos que permitan diseñar políticas públicas basadas en evidencia". Según el comité, esta base "posee un potencial estadístico infrautilizado y su transformación en una herramienta de conocimiento moderna es indispensable para el diseño de políticas basadas en evidencia que mejoren la vida de más de 4 millones de personas".

AISLAMIENTO EN ENTORNOS RURALES

La situación de las personas con discapacidad en el medio rural fue objeto de una actualización específica del 'Informe sobre las personas con discapacidad residentes en el medio rural'. Constata la combinación de mayor prevalencia de discapacidad y menor disponibilidad de servicios en entornos rurales, y advierte del "impacto de la despoblación, el aislamiento y la falta de oportunidades laborales". Entre sus propuestas figura "una estrategia estatal de desarrollo rural inclusivo que garantice apoyos de proximidad y proyectos de vida autónomos en el territorio". "Para que el desarrollo rural sea real, debe ser inclusivo. Garantizar que una persona con discapacidad pueda desarrollar su proyecto de vida en su pueblo es una cuestión de justicia territorial y cohesión social", enfatizó el Cermi.

Por último, 2025 se completó con la publicación de 'Guía Acción ClimaDIS', un trabajo elaborado por el equipo de expertos del Cermi que aborda el papel de las personas con discapacidad como "agentes activos de una transición ecológica inclusiva, accesible y justa". El estudio denuncia la escasa presencia de la discapacidad en las políticas climáticas y de emergencia y plantea medidas para asegurar la accesibilidad de los sistemas de alerta, la participación del movimiento asociativo en la toma de decisiones y el refuerzo de la resiliencia comunitaria. "Una transición ecológica que no sea accesible no es justa. La inclusión de la discapacidad en la acción climática no es opcional, sino un mandato de derechos humanos que fortalece la resiliencia de toda la sociedad", concluyó el Cermi.