Este acuerdo provisional permite que el texto final de la directiva que regula esta tarjeta sea adoptado antes de que finalice el actúa mandato del Parlamento Europeo, que concluye en mayo de este año. El acuerdo interinstitucional (Parlamento, Comisión y Consejo) ha consolidado determinados progresos regulatorios, planteados por el Cermi, como la inclusión de servicios de transporte, aunque se aplicarán algunas excepciones, la incorporación de disposiciones para acceder a ayudas al participar en Programas de Movilidad de la UE, o la gratuidad de la expedición o renovación de la tarjeta.

En materia de información, también se logra que exista un sitio web a escala de la UE, así como sitios web nacionales sobre la tarjeta, en formatos accesibles. El Cermi indicó que tros aspectos "favorables" son la introducción de salvaguardas para proteger la privacidad de los titulares de la tarjeta y la posibilidad de que los Estados miembros puedan decidir ampliar el uso de la tarjeta a estancias más largas.

Además, las negociaciones lograron el compromiso de la Comisión Europea de explorar más a fondo las brechas restantes relacionadas con la libre circulación de personas con discapacidad, como la portabilidad del apoyo relacionado con la discapacidad cuando la persona se traslada a otro país de la UE.

No obstante, el Cermi señaló que "hay que lamentar falta de ambición de las instituciones europeas, que han desatendido demandas relevantes del sector social de la discapacidad como el acceso temporal a ayudas y subsidios por discapacidad cuando las personas con discapacidad se trasladan por motivos de trabajo o estudio al extranjero o la dotación financiera de la UE para apoyar la implantación efectiva de las tarjetas por parte de los Estados miembros".

"También", añadió, "resulta insatisfactorio se hayan permitido excepciones que autorizarán la exclusión de algunos servicios específicos en caso de que el acceso especial o los descuentos proporcionados dependan de evaluaciones adicionales".

Asimismo, considera que "resulta claramente negativo los largos plazos para la transposición y la aplicación de la directiva". Los estados miembros dispondrán de 42 meses para comenzar a proporcionar las Tarjetas, incluidos 30 meses para transponer la legislación. Esto supone que la tarjeta, si se cumplen esos plazos, no será un hecho hasta dentro de 4 años, como mínimo.

El texto final de la Directiva necesita todavía la adopción formal del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo, para a continuación ser publicada en el diario oficial europeo, momento en que comenzarán a contarse los plazos mencionados anteriormente. A pesar de estas "cuestiones desfavorables", el Cermi entiende que esta nueva regulación europea es un refuerzo de la dimensión inclusión europea, "en la que España y su movimiento asociativo ha tenido un papel muy relevante en su consecución final".