En una comunicación dirigida al ministro Pablo Bustinduy, el presidente del Cermi, Luis Cayo Pérez Bueno, trasladó la preocupación del movimiento social de la discapacidad por “los retrasos en la aprobación” de una norma que consideró “fundamental” para garantizar los derechos, la autonomía personal y la movilidad de este colectivo.

La Tarjeta Europea de Discapacidad permitirá avanzar hacia el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad entre los Estados miembros y facilitará que las personas puedan acceder, en igualdad de condiciones, a determinados derechos, beneficios y condiciones especiales durante sus desplazamientos por otros países de la Unión Europea. El decreto regulará también la Tarjeta Europea de Estacionamiento.

El Cermi recordó que España desempeñó un papel “especialmente activo” en el impulso de esta iniciativa en el ámbito comunitario y contribuyó de manera decisiva a la aprobación de la directiva europea que establece este instrumento. Por ello, consideró “especialmente preocupante” que el país “todavía no haya culminado su incorporación al ordenamiento jurídico interno”.

La entidad reclamó “un último esfuerzo” para completar los trámites pendientes y aprobar la norma en las próximas semanas. A su juicio, la proximidad de una convocatoria electoral o una eventual situación de Gobierno en funciones “no deberían paralizar ni retrasar esta iniciativa”.

En este sentido, el Cermi pidió examinar las posibilidades jurídicas para aprobar el real decreto incluso si el Ejecutivo se encuentra en funciones, teniendo en cuenta su vinculación con las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea y el régimen aplicable a la transposición de directivas durante ese periodo.

Pérez Bueno solicitó a Bustinduy que “imparta las instrucciones necesarias para acelerar los procedimientos pendientes, coordinar a los órganos administrativos y ministerios implicados y otorgar prioridad a la aprobación de la disposición”.

Para el Cermi, culminar esta regulación supondría un “avance en la construcción de una Europa más accesible e inclusiva” y permitiría a España “cumplir el compromiso europeo” que contribuyó a promover.