La Comisión Europea presentó el 9 de septiembre esta propuesta, que pretende modernizar y simplificar las reglas de contratación pública de la Unión Europea y reforzar su utilización como “herramienta para alcanzar objetivos sociales, ambientales y de innovación”.

El movimiento asociativo de la discapacidad consideró “especialmente relevante” el refuerzo de las obligaciones de accesibilidad. La propuesta establece que, salvo excepciones debidamente justificadas, los bienes, servicios y obras destinados al uso por personas físicas deberán ser accesibles para las personas con discapacidad, incluyendo también los destinados al personal de las autoridades públicas.

A juicio del Cermi, este planteamiento supone “un avance” hacia una contratación pública alineada con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y permite incorporar la accesibilidad desde el momento en que se diseñan y contratan los bienes y servicios.

La plataforma representativa de la discapacidad destacó asimismo el mayor peso que la propuesta concede a la contratación pública socialmente responsable, con referencias al empleo de calidad, la negociación colectiva, el diálogo social, la vivienda social y asequible y la economía social.

En materia de empleo, el Cermi consideró de especial importancia que el texto mantenga el umbral del 30% de personas con discapacidad o trabajadores desfavorecidos para determinadas fórmulas de contratación reservada e incorpore expresamente el empleo con apoyo junto a los regímenes de empleo protegido.

Otro de los elementos que el Cermi consideró relevantes es la inclusión de referencias específicas a la accesibilidad en la contratación de servicios sociales, sanitarios y educativos.

El texto mantiene asimismo la referencia al derecho a la vida independiente y a la inclusión en la comunidad recogido en el artículo 19 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Para el Cermi, estos elementos pueden contribuir a que la contratación pública “se utilice para promover la igualdad de oportunidades, la inclusión laboral y social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad”.

La propuesta de Reglamento inicia ahora su tramitación institucional en la Unión Europea, por lo que el Cermi seguirá su evolución con el objetivo de “preservar y reforzar”, durante el proceso legislativo, los avances relacionados con la accesibilidad, la contratación reservada, el empleo con apoyo, los derechos laborales y los servicios sociales.