Pérez Bueno declaró a Servimedia que es “positivo” que “la asistencia personal deje de ser una prestación vinculada al servicio (solo económica) y pase a estar incluida en el catálogo general”, porque ello le concederá “mayor consistencia e importancia”.

Dicha modificación implicaría, además, “una obligación reforzada por parte de los poderes públicos”, prosiguió, que deberán entonces “ofrecerla de forma directa” o bien concertar su prestación con los operadores que estimen adecuados.

El presidente del Cermi recordó que el movimiento asociativo de la discapacidad reclama desde hace años la generalización de esta prestación, que es la que “da los recursos precisos para que las personas con grandes necesidades de apoyo puedan llevar a cabo su proyecto de vida independiente incluidas en la comunidad”, pero que, “lamentablemente, está muy poco extendida en España”.

En este sentido, reconoció que esta reforma legal “puede prolongarse en el tiempo” y señaló que ni siquiera “hay garantías” de que llegue a aprobarse en la presente legislatura.

Por ello, pidió que “las comunidades autónomas, junto con el Estado y con el propio sector, acuerden la configuración básica de la asistencia personal para que su implantación pueda arrancar ya, con el marco legal vigente”.

Además, indicó que la reforma propuesta por el Gobierno contiene otros aspectos “beneficiosos que van en la línea de impulsar la promoción de la autonomía personal y no solo la atención a la dependencia”, pero reclamó “la participación del movimiento asociativo a través del diálogo civil”.

“Este proceso de reforma no puede llevarse a cabo solo entre administraciones", defendió, "sino que las asociaciones de personas con discapacidad y mayores debemos conocer la propuesta y poder presentar enmiendas para mejorarla”.