La iniciativa fue abordada durante la reunión de abril de la Conferencia Cermi Territorios, en la que la entidad advirtió de la necesidad de que la adaptación de los estatutos universitarios a la nueva normativa estatal no suponga “retrocesos ni interpretaciones restrictivas” en cuestiones como apoyos, participación o estructuras específicas de atención al alumnado con discapacidad.

Durante la sesión, la directora de programas con universidades de la Fundación ONCE, Isabel Martínez Lozano, presentó las líneas de trabajo impulsadas para analizar los estatutos ya aprobados o en elaboración, detectar posibles déficits de inclusión y promover medidas como la creación de unidades específicas de atención a la discapacidad con recursos suficientes, la presencia del movimiento asociativo en los consejos sociales universitarios y el uso de una terminología ajustada al marco jurídico vigente.

Además, el Cermi avanzó la elaboración de un diagnóstico estatal y la celebración de una jornada técnica en los próximos meses para compartir resultados y reforzar una estrategia común en todo el territorio.

La organización subrayó que reforzará su interlocución con universidades y administraciones autonómicas para asegurar que los nuevos marcos estatutarios consoliden el acceso de las personas con discapacidad a la educación superior en igualdad de condiciones, con especial atención a ámbitos donde persisten mayores barreras, como la discapacidad psicosocial.