Así lo sostiene el dictamen del CES publicado este miércoles de valoración del proyecto de ley contra la violencia vicaria y solicitado por el Gobierno, de acuerdo con su tramitación. El dictamen valora de forma “positiva” para propuesta, pero considera que esa “falta de coherencia” con algunos apartados de la Ley contra la Violencia de Género podría “dejar fuera del alcance” de las medidas de protección y derechos a determinadas víctimas contempladas en la definición de violencia vicaria, como “ascendientes, hermanos, cónyuges o personas con análoga relación de afectividad”.

Por ello, pidió al Gobierno la citada “armonización de la redacción del texto”, para garantizar la “protección integral” de las víctimas. También, el CES señala que la “complejidad y gradualidad” de la violencia vicaria reconocida en el anteproyecto requeriría de un “tratamiento integral que el texto no alcanza a proyectar”.

Otro aspecto relevante que apunta el dictamen del CES es la estimación del impacto presupuestario “nulo” que acompaña al anteproyecto en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN).

Así, el órgano consultivo del Gobierno apunta que la efectividad de buena parte de las medidas que se contemplan como la puesta en marcha del Plan de Sensibilización, la formación de los profesionales de la justicia o el necesario refuerzo de los juzgados de violencia contra las mujeres que llevaría implícito el despliegue de este anteproyecto necesitarán de la “movilización de recursos económicos que supondrían un gasto presupuestario”.

En cuanto a la valoración positiva del CES, el dictamen enuncia que la ausencia de una normativa de identificación de la violencia vicaria de forma concreta y la generación de respuestas desiguales en el ámbito judicial y administrativo que provocó esa ausencia ayudan a la valoración positiva del anteproyecto porque cubre esos aspectos negativos.

Asimismo, el CES cree que la existencia de experiencias internacionales como el modelo Barnahus, que proporcionan atención coordinada e integral a las víctimas menores, deberían servir para orientar el enfoque de atención en la futura norma.

La propuesta de dictamen recuerda que la futura norma afectará a áreas del ordenamiento como la extranjería o la protección de españoles en el exterior, donde ya existen medidas específicas para víctimas de violencia de género. Por ello, propone el abordaje de cambios normativos y consultas a los órganos especializados e interlocutores sociales para asegurar la coherencia y aplicación efectiva de la ley.